Marlaska también debe ser investigado

Después de que la Asociación de Consumidores y Usuarios presentara una denuncia contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un presunto delito de prevaricación cometido en la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que se negó a informar, en cumplimiento estricto de la ley,  sobre la causa del 8-M que se encontraba bajo secreto de sumario, la juez María Ángeles Vázquez ha abierto una investigación contra la máxima responsable política de la Benemérita.

Lo que se trata de dilucidar judicialmente es si María Gámez cometió un delito de prevaricación administrativa tipificado en el artículo 404 del Código Penal. El artículo en cuestión reza así: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años». Saque el lector sus propias conclusiones, pero el articulado encaja como un anillo al dedo en la actuación de la directora de la Guardia Civil que, sabiendo que Pérez de los Cobos no podía revelar datos bajo secreto de sumario, le forzó a hacerlo y le destituyó por cumplir con su obligación legal.

La jueza puede ahora citar en condición de perjudicado al coronel que fue destituido «por no informar del desarrollo de las investigaciones». El entrecomillado es de la directora general de la Benémerita, que dejó así la huella del delito de prevaricación en un documento oficial. Es decir, María Gámez justificó el cese en el hecho de que el militar no le informó sobre una actuación de la que -por imperativo legal- no podía informar. Verde y con asas.

A nadie se le oculta que el horizonte penal de María Gámez puede complicarse hasta el punto de arruinar su carrera funcionarial, pero sería injusto centrarse sólo en la figura de la directora de la Guardia Civil, porque el verdadero responsable de la purga, el causante del presunto delito de prevaricación no es otro que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.