Judicializar la política, un deber moral

El partido conservador Vox de un tiempo a esta parte viene emprendiendo
acciones judiciales que por lo general van adelante y sirven para desmontar
situaciones irregulares. Entre las más sonadas tenemos la sentencia del Supremo que acabó con el encarcelamiento de los golpistas catalanes.

Caso reciente es la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el Estado de Alarma que se decretó el 14 de marzo de 2020 y mantuvo encerrados en casa a los 47 millones de españoles. Luego está por ver qué pasará con la fiscal general, Dolores Delgado. ¿Será o no será eliminada por nombramiento irregular?

La izquierda radical, incluido el PSOE, que asola la libertad de expresión
en España, lo ha tenido fácil para demonizar a Vox señalándolo como un
partido de extrema derecha y, además, de inspiración fascista. El mensaje
parece haber calado en una opinión pública que vive narcotizada desde la llegada de Rodríguez Zapatero al poder.

También ha contribuido a ello la insistencia del PP en demonizar a Vox pensando que de esta manera será aceptado por esta izquierda sin valores que encumbró a Pedro Sánchez en La Moncloa. Vergonzosa fue la actitud de Pablo Casado en el debate de la moción de censura presentada por Vox, contribuyendo a entender que se trata de una formación fascista, cuando en realidad solamente es la encarnación del partido conservador que pone pie en pared ante la amenaza suicida que supone la hegemonía de la estúpidamente llamada corrección política.

Vox en absoluto es un partido fascista. Ni por asomo. Y es urgente que la
opinión pública comience a tomar conciencia de que la contaminación de la izquierda radical se ha encargado sistemáticamente de hacérnoslo creer, sin aportar prueba alguna. Ahora mismo, lo que esta izquierda nos vende como judicialización de la política, subrayándolo en tono peyorativo, esconde en realidad algo que es profundamente preocupante: la simple aplicación de la ley por los jueces no contaminados –porque los hay- viene a demostrarnos que la izquierda en el Gobierno de España está vulnerándola por sistema.

Cuando se judicializa la política, queda al descubierto la errónea creencia de que el político como servidor público es inmune a las reglas legales y en consecuencia puede saltárselas cuando le venga en gana. Hasta que llega el contencioso y se demuestra que reiteradamente sí estaba saltándose la ley. No engañen: judicializar la política es obligación moral cuando se vulneran principios que ponen en riesgo la democrática. La libertad, en definitiva.