Juana Rivas no estaba en mi casa
Juana Rivas ha sido condenada a 6 años de prisión por un delito de sustracción de menores y a 5 de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos, por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada.
Las reacciones no se han hecho esperar ante la decisión judicial a la que muchos han tachado de fracaso «patriarcal». Políticos, lobbies, asociaciones feministas y público en general se han apresurado a lanzar críticas y opiniones sesgadas, emocionales y ajustadas a la dictadura de lo políticamente correcto.
La realidad es que Juana Rivas -quien todavía puede agotar la vía del recurso- se enfrenta a las consecuencias de haber tomado una decisión equivocada, asesorada con perversidad por quienes han utilizado su causa, y a ella misma, como excusa para conseguir su minuto de gloria y desafiar al Estado de Derecho por intereses ideológicos espurios.
El debate social debería centrarse en cómo la falta de ética de muchos colectivos que han hecho de la causa feminista un modelo de negocio muy rentable, permite que los menores acaben siendo, siempre, las víctimas más vulnerables e indefensas de los conflictos entre sus padres.
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