La inseguridad jurídica se llama Montoro

El sentido común es el principio fundamental sobre el que ha de basarse el derecho. De ahí que resulte incompresible que Hacienda impute un delito fiscal a José Mourinho más de dos años después de haber alcanzado un acuerdo de conformidad con él. Especialmente cuando el ex entrenador del Real Madrid dejó España el verano de 2013. Huelga decir que todo ciudadano debe pagar sus impuestos con arreglo a la legalidad, ya que es la única manera de poder disfrutar de servicios públicos esenciales y de calidad. No obstante, Cristóbal Montoro parece empeñado en hacer de la inseguridad jurídica su carta de presentación. Una realidad que no sólo afecta a personas muy pudientes como el actual entrenador del Manchester United —sin que la capacidad económica de cada individuo sea un estigma ni muchísimo menos— sino a cualquier ciudadano de a pie que, haciendo las cosas bien, puede ver en entredicho su viabilidad.

Este tipo de arbitrariedades en órganos dependientes del Estado dañan la imagen de nuestro país y proyectan una inestabilidad constante. Los romanos, padres del derecho, defendían la doctrina de los actos propios, una norma que denostaba actuar contra los actos hechos con anterioridad. Justo lo que hace la Fiscalía al tratar de reabrir un caso ya resuelto. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido de que los países con mayor estabilidad económica poseen la mejor seguridad jurídica. Ambas cosas son imprescindibles para atraer capital, inversiones y, en definitiva, generar riqueza. Todo el mundo quiere, y con razón, que se persiga a los defraudadores, a todos aquéllos que no cumplen como es debido con las obligaciones tributarias. No obstante, la rigurosidad y la coherencia deben ser insoslayables. Resulta muy difícil de entender cómo la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid requiere en estos momentos una cantidad ya resarcida por el entrenador en 2015.

Hacienda se equivoca tomando la parte por el todo en este asunto. Ahora que el peso tributario cae sobre Jorge Mendes y el modo en el que gestiona los derechos de imagen de su pléyade de representados —Cristiano Ronaldo, Carvalho, Falcao, Coentrao o Di María, entre otros—, los inspectores vuelven a poner los ojos en el ex entrenador del Real Madrid y rearbitran un partido con el resultado ya cerrado: 4,4 millones de euros por los ejercicios de 2010 —ya prescrito— 2011 y 2012. Esta denuncia no tiene ningún sentido. Parece más un intento de desviar la atención de otros temas que por una responsabilidad pendiente del míster de Setúbal. Más allá del universo futbolístico, el Gobierno debería ser muy cuidadoso con estas acciones. Tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía cuentan con la presunción de veracidad, por lo que cualquier persona podría ver embargado parte de su liquidez por una acción parecida antes incluso de que un juez estableciera si hay algo punible o no. Por lo tanto, mucho cuidado con fomentar la inseguridad jurídica: daña a los ciudadanos, merma la credibilidad del país y carcome la salud económica del Estado.