Con los independentistas ni a heredar

El Gobierno no puede supeditar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a un pacto con los independentistas catalanes. Por muy complicado que sea el contexto, dada su escuálida minoría parlamentaria con 137 escaños, sería un error histórico. El actual Ejecutivo ya se garantizó el control de la Mesa del Congreso gracias a la abstención de PDECat, PNV y ERC. No obstante, las cuentas públicas son otro cantar y de llegar a un acuerdo con ellos sería a cambio de insuflar más oxígeno económico —y por lo tanto más fortaleza política— a aquéllos que quieren asfixiar la viabilidad de España y romper su unidad nacional. Un acuerdo imposible, ya que además los golpistas tienen sus raíces históricas hundidas en la corrupción.

Ante los gestos continuados de Mariano Rajoy para buscar un punto de entendimiento a través del diálogo, los líderes catalanes han respondido con constantes desafíos y provocaciones al Estado. El odio a España ha sido el leitmotiv de su actividad política en los últimos meses a pesar de que el Ejecutivo les ha permitido estar presentes —tanto a PDECat como a ERC— en la Comisión de Secretos Oficiales. Algo a lo que la antigua Convergència no tendría derecho al carecer de grupo propio en la Cámara Baja. Además, su líder en Madrid, Francesc Homs, está imputado por el 9N y, lejos de frenar en su escalada de violencia verbal, ha continuado con las amenazas implícitas y explícitas tanto al Tribunal Supremo como al Constitucional.

El Partido Popular debería llegar a un acuerdo con el PSOE y, claro está, el PSOE debería permitir un pacto con el PP. Algo que, desgraciadamente, parece improbable pero que sería lo ideal para garantizar una estabilidad de mínimos en un país que ahora mismo vive una dulce situación económica tanto a nivel de empleo como de crecimiento. El pasado mes de febrero se han creado 74.000 puestos de trabajo y, según el Instituto Nacional de Estadística, España cerró 2016 con un crecimiento anual del 3,2%, el doble que países todopoderosos como Alemania. De ahí que lo deseable fuera un acuerdo entre las tres grandes fuerzas constitucionalistas —PP, PSOE y Ciudadanos— para mantener fuera del radio de influencia a los independentistas.