Hoy la infamia, la impunidad mañana en Bruselas

¿Qué hace un vicesecretario del PP juntándose con Bolaños y el comisario Reynders en Bruselas? Es tal la impropia e interesada asunción de competencias que ya parece que ese es el lugar y el cauce adecuado para conseguir la renovación del CGPJ. Pero ni uno ni otro: ni España tiene que solicitar una mediación externa para resolver un asunto interno, ni son los partidos políticos y el Gobierno quienes tienen que asumir las funciones de las Cortes Generales y las responsabilidades de los presidentes del Congreso y del Senado.

Es por eso una distorsión institucional en la que el PP no debiera siquiera participar, pero aún es peor que se corresponda con una propuesta suya. Porque las probabilidades de que de esas reuniones salga algo positivo, para España o para el propio PP, tienden a cero, y las de salir con un acuerdo inconveniente o, en el mejor de los casos, tiznado como obstaculizador, tienden a infinito.

En fin, una estrategia nefasta propia de quien tiene pocas habilidades para la misma y una capacidad para hacer cálculos de autoconveniencia que no pasa de saber contar con los dedos. De ahí que Sánchez no tuviera reparos en ver el órdago de Feijóo. Es sin duda un regalito que vendrá con sorpresa, porque, como escribió Ovidio, «el regalo tiene la categoría de quien lo hace», y éste traerá toda la indignidad y la falsedad del presidente.

Por eso, sin margen de error y sin concesiones al propio interés, el PP solamente puede salvar los muebles intentando hacer las cosas bien. Y eso pasa por plantear la reunión en Bruselas para lo único que puede servir, que es cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo. Ese punto sí que se corresponde con los objetivos programáticos del partido y es, además, la causa de preocupación de la Comisión Europea y el método sobre el que el comisario Reynders ha manifestado la conveniencia de que sea modificado.

En cuanto a la renovación pendiente del Consejo, el PP tiene que dejar de creerse el culpable de que no se lleve a cabo. Con el referido ánimo de hacer las cosas como deben ser, puede aprovechar la reunión para dejar claro, en primer lugar, que el protagonismo debe corresponder a los presidentes de las Cámaras, y, sobre todo, para renunciar al infumable mercadeo de candidatos.

Es buena ocasión para dejar de hablar de candidatos afines a los partidos, y hacerlo, por el contrario, de candidatos aptos en cuanto que cumplen con los requisitos de capacidad y experiencia, e incluso de candidatos idóneos por demostrar, además, la necesaria independencia. Con un acercamiento así, leal y desprovisto de intereses torticeros, quitará credibilidad a la acusación de cerrazón y de incumplimiento del mandato constitucional que lleva esgrimiendo Sánchez desde hace años y que Bolaños llevará escrita al salir de Moncloa para ir a coger el Falcon. Incluso, con ese planteamiento, puede que el biministro Félix se corte un poco para reconocer, en frente de Reynders, que su única vocación, y, por tanto, su exigencia, es que les dejen elegir a sus vocales.

Resulta, además, que la necesidad que tiene el sanchismo de controlar el órgano de gobierno de los jueces es ahora más perentoria que nunca. El inicio de la aplicación del esperpento jurídico que es la Ley de Amnistía, que hoy pasa su trámite de aprobación en el Congreso, abrirá la puerta a un sinfín de recursos, cuestiones prejudiciales y consultas que pretenden pastorear a conveniencia desde un CGPJ plenamente alineado.

Más aún, muchos de los colaboradores y funcionarios públicos (letrados, fiscales o incluso magistrados del TC), necesarios para completar la infamia, son plenamente conscientes de estar actuando a sabiendas de que lo hacen injustamente. Y esa prevaricación podría y debería ser denunciada y juzgada por los tribunales, y, en concreto, por un Tribunal Supremo que intentarán colonizar desde su CGPJ.

Completar el control del Poder Judicial es, por tanto, un objetivo prioritario del sanchismo; y no lo es únicamente por ser la vocación lógica de unos políticos autócratas, sino también por ser la forma de asegurar su impunidad. Por eso, para la oposición, evitar que se consume ese control no es una cuestión de conveniencia y oportunidad, es una obligación contraída con la democracia y el régimen constitucional.