Un gobierno en la ilegalidad permanente

No hay descanso en Felonia, como tampoco habrá paz para los malvados. El mismo día que el Congreso votaba el pacto entre corruptos y Sánchez concedía a Puigdemont su deseo más abyecto, Aragonés, la otra pata malversadora del secesionismo, adelantaba elecciones en la irredenta Cataluña. España, mater dolorosa cada día más desangrada por los delincuentes que la exprimen, camina al ritmo que marca quienes la odian, entre ellos los truhanes de la Generalitat, la oficial y la que opera y espera en el exilio, que son quienes dictan movimientos, presupuestos y convocatoria a las urnas. Un despropósito consentido por los vivales del turnismo y la alternancia, sin más proyecto que hacer de la necesidad -trincar de la política- extrema virtud -acuerdos contranatura y resistencia poltronera-.

Desconfíen si creen que las relaciones con el nacionalismo subversivo y chantajista variarían con un cambio en Moncloa. Llevan los hijos de Pujol y Companys décadas dictándonos al resto de españoles qué hacer y cuánto pagar; mientras la gobernabilidad dependa de su desvergüenza, seguiremos así. Sólo un ultimátum sobre competencias recuperadas, previa aplicación de la Constitución, que conlleve una ulterior reforma del sistema electoral, con acuerdo mayoritario de la cámara, modificación del texto supremo y limitación del poder territorial, acabaría por enterrar las esperanzas de los independentistas que viven de reclamar lo que en realidad no quieren porque no sabrían cómo gestionarlo.

Y entre tanto escándalo ilegítimo e inmoral, la amnistía. No me negarán que votarla el mismo día que el Gobierno celebra el aniversario que motivó su totalitaria decisión de encerrarnos ilegalmente en nuestras casas, no adquiere un tufo de esperpento sublime. Si se congratula de la pobreza cuando informa, orgulloso y ufano, de los millones de españoles que perciben el Ingreso Mínimo Vital, ¿cómo no va a celebrar una ilegalidad y conmemorar el día que empezó la autocracia, el pillaje y el saqueo de fondos públicos?

En este comunismo perfumado en el que sobrevivimos sin molestar, donde Sánchez ha comprado con nuestro dinero la cobardía de empresarios, medios de comunicación colectivos, asociaciones y ciudadanos, perdonar al delincuente se recompensa con la permanencia en Moncloa un ratito más, lo que dure la siguiente ilegalidad cometida. De delito en delito hasta la autocracia final, pensará el autor del «Salimos más fuertes», el eslogan que mejor ha definido al sanchismo y sus propósitos. Se referían sólo a ellos, claro.

En pleno tiovivo bolivariano, al PP socialdemócrata le han vuelto a imponer el discurso. Han bastado dos minutos de Sánchez henchido de pie en su escaño ilegítimo para voltear de nuevo el orden lógico de la verdad. Acorralado por la acumulación de presuntos delitos de su entorno personal y ministerial, presionado por alianzas desafectas y socios garrapatas, Sánchez quiso equiparar el peor caso de corrupción de la democracia española, el de su gobierno, con una inspección de Hacienda cuya filtración a los medios incurrió en otra ilegalidad añadida, tipificada como delito por el Código Penal y que apunta a Marisú, todopoderosa vicepresidenta del saqueo, como responsable de la difusión. Por un momento, la España amancebada de socialismo habló del novio de Ayuso como si fuera un problema nacional, mientras seguía excusando a los suyos, los mismos que cada mes les dictan argumentario, untan presupuesto o regalan dádiva y subsidio.

Empezamos a sospechar que quien necesita la amnistía era Sánchez, y no los golpistas. Y quien requiere que lo ilegal siga gobernando Felonia son aquellos que viven muy bien a costa de la ley, la verdad y la decencia. Uno ya intuye que a este club no pertenecen sólo los sanchistas de cámara o los socialistas de parné.