Un Gobierno en carne viva

La trastienda de las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne de las macrogranjas revela con toda su crudeza el enfrentamiento entre el PSOE y Podemos ante un asunto en el que lo que sobra es hipocresía. Y es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había impulsado ya una nueva norma de ordenación de las granjas de ganado de vacuno, la primera específica para este sector que se aplicaba en España. La norma fue preparada hace poco más de tres meses -en septiembre- y suponía ya un recorte hasta un máximo de 850 unidades de ganado mayor, es decir, 1.400 terneros de cebo o 725 vacas de ordeño. Pero esta norma le parecía insuficiente a Podemos, de ahí que Garzón boicoteara la tramitación de la ley con sus declaraciones para exigir un golpe mayor a la ganadería.

Conclusión: el PSOE ya pretendía imponer severas restricciones a la ganadería, pero Garzón y sus asesores ecologistas querían una normativa mucho más dura. De ahí que el ministro se fuera a un diario británico a realizar esas polémicas declaraciones que han provocado un terremoto político en vísperas de las elecciones de Castilla y León y que se han saldado con un visible enfrentamiento entre socialistas y podemitas.

Esta es la historia: una lucha descarnada entre los dos partidos de Gobierno. Para que luego digan, unos y otros, que la derecha ha manipulado lo que dijo Garzón. Al ministro, los planes de Agricultura le parecían insuficientes, de ahí que diseñara una estrategia encaminada a retratar al PSOE. Lo que vino después ya se sabe: el daño al sector ganadero es un hecho, porque los dos bandos del Gobierno lo han utilizado como rehén de de sus particulares estrategias. Quien sale perdiendo es la carne española en su conjunto. Y los responsables son socialistas y podemitas a partes iguales.