La Gestapo sanchista

Dice el refrán que cuando el Diablo no tiene nada que hacer -o cuando pretende desviar la atención- mata moscas con el rabo. Y ahora el Gobierno  pretende contratar espías para que se dediquen a controlar las publicaciones de los influencers «de especial relevancia», a fin de determinar si incumplen la normativa que obliga a señalar si un post está pagado por una empresa y, por tanto, es publicidad. Esta medida venía contenida en el plan mordaza del Gobierno contra los medios críticos con el que aseguran «luchar contra la desinformación».

El Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo ha licitado un contrato para la «asistencia técnica necesaria para la elaboración de un trabajo de análisis y consulta del contenido audiovisual que determinados influencers publican en sus perfiles de plataformas de intercambio de vídeos, con el fin de detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas». En suma, que el Ejecutivo vigilará a los «usuarios de especial relevancia» con un millón de seguidores en una plataforma o dos millones en varias plataformas, y que cuenten con ingresos de al menos 300.000 euros al año. El contrato se divide en tres lotes, uno por cada una de las plataformas de intercambio de vídeos donde los influencers realizan su actividad y tienen mayor presencia los contenidos promocionales: Instagram, Tik Tok y YouTube.

La empresa adjudicataria del contrato le entregará al Gobierno una ficha con el usuario del influencer, su nombre completo, el tipo de público objetivo (edad, género y ubicación geográfica de audiencia por país), su ubicación (desde donde emite el canal) y las publicaciones inspeccionadas. Parece obvio que este control esconde la ofensiva del Gobierno contra aquellos que, según su sectario criterio, propaguen bulos. O sea, que ya no sólo son los medios de comunicación críticos, sino todos los ciudadanos particulares que expresan opiniones en sus cuentas de redes sociales. Así, se obligará a rectificar a los «usuarios de especial relevancia». La Gestapo sanchista.