La Generalidad reconoce que no garantiza el orden público

Lo dijo ayer lunes el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Miquel Sàmper, en una entrevista en Onda Cero: “la garantía del orden público, cuando existen manifestaciones de 10.000 personas, no existe cuerpo alguno que la pueda garantizar”, dijo. Y hasta la fecha ni ha dimitido ni lo han echado por inútil y por mentiroso. A la manifestación de este último sábado en Barcelona no han asistido más de 4.000 personas según la Guardia Urbana, de las cuales apenas llegan a 250 o 300 los que manifiestan actitudes violentas, según explica la propia policía autonómica dirigida por Sàmper quien, en otra entrevista en La Ser, atribuyó la responsabilidad de los altercados a “un grupo de 200, 300, a veces 400 personas” pertenecientes sobre todo a las juventudes de las CUP, pero también a una amalgama de colectivos que van desde lo que denominó “comunismo combativo”, hasta “células anarquistas”, pasando por “delincuentes comunes” que aprovechan las convocatorias para saquear tiendas.

Para hacer frente a esos 200 o 300 terroristas callejeros Miquel Sàmper cuenta con un cuerpo formado por más de 17.000 mozos de escuadra de los que unos 400 pertenecen a su Brigada Móvil, o antidisturbios, además de poder disponer de las unidades especializadas de las diferentes policías locales catalanas, como son los más de 100 agentes que forman la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona. Y sin embargo las calles de Barcelona siguen absolutamente fuera de control y pese a que el consejero de Interior reconoce que no es capaz de garantizar el orden público, tanto él como Ada Colau descartan pedir al Ministerio de Interior el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía.

Y detrás de todo este lío que están pagando los comerciantes y el resto de ciudadanos de Cataluña se encuentran los resultados de las elecciones que se celebraron el pasado 14 de febrero y las negociaciones para formar Gobierno. Por un lado ERC está negociando con las CUP un acuerdo para que la Brimo -los antidistrubios de los Mozos- no vayan a los desahucios, una moratoria en el uso de las balas de foam y que la Generalitat se retire de las acusaciones contra sus “activistas”; a cambio de los votos de los antisistema en la investidura de su candidato, Pere Aragonès. Y por su parte Ada Colau, de la que dependen los antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona, observa como los dirigentes de Podemos en Madrid se oponen a que el Congreso lea una declaración contra la violencia en las protestas por el delincuente Hasél, mientras su portavoz, Pablo Echenique, muestra públicamente su apoyo a los terroristas callejeros.

Los gobiernos de España, de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona están formados por partidos que, para condenar mínimamente el intento de asesinato de un guardia urbano dentro de su furgón, el asalto a una comisaría de los Mozos en Vich, el incendio de decenas de contenedores y motocicletas y el destrozo de cientos de comercios; tienen que esconder esa repulsa en una extensa explicación de su respaldo al pretendido derecho de esos manifestantes para salir a la calle un día tras otro con la mala excusa de defender el derecho de un delincuente a escribir letras de “canciones” y tuits en los que se amenaza de muerte y se ensalza el terrorismo, que son solo algunos de los muchos delitos por los que ha sido condenado Pablo Rivadulla Duró, alias Hasél. El pasado 14 de febrero el 46% de los catalanes con derecho a voto decidieron no ejercerlo, de forma que unos independentistas que apenas llegaron al 25% del censo, se hicieron con la mayoría de los escaños. Cuando les quemen su motocicleta o su comercio, o asesinen a su hijo guardia urbano, quizá se den cuenta de lo que han hecho.