La fiscal de Sánchez

Hace unos días, con motivo del uso espurio de la Abogacía del Estado por parte del entonces Presidente en funciones, titulé una reflexión publicada en este mismo diario “El Abogado de Sánchez”. Pues bien, ahora no puedo dejar de hacer lo propio con el nombramiento de la ex ministra de Justicia como nueva Fiscal General del Estado, el cual produce un gran estupor, desasosiego y preocupación a los que defendemos la importancia de la ética y la estética en una de las instituciones fundamentales de cualquier Estado de Derecho.

El artículo 124.2 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Fiscal debe ejercer sus funciones con sujeción estricta a los principios de legalidad e imparcialidad. Pues bien, es evidente que la imparcialidad de la institución en relación con el Gobierno se ve gravemente afectada con este nombramiento. No parece atrevido afirmar que la candidata carece de los mínimos estándares de imparcialidad respecto del Gobierno recién formado y que, por tanto, no está cualificada para ejercer tan alta responsabilidad. La preocupación entre los fiscales debe ser máxima, pues la decisión del Presidente pone de manifiesto su total desprecio por el buen gobierno de la institución conforme al mandato constitucional. Asimismo, se politiza (en el peor sentido del término) hasta límites desconocidos una institución formada por hombres y mujeres que, según me consta, actúan muy mayoritariamente con profesionalidad y rigor en la defensa de la legalidad. Por tanto, en primer lugar, debemos apelar a la responsabilidad de todos los fiscales de bien para que no permanezcan impasibles ante el ataque sufrido y defiendan su prestigio, fruto de su trabajo y ejemplo.

Además, es importante no olvidar que, según el artículo 124.4 de la Constitución, corresponde al Consejo General del Poder Judicial informar sobre la idoneidad de la candidata propuesta. Este informe es preceptivo, aunque no vinculante, y servirá para conocer la opinión técnica, con arreglo a la Constitución y al Estatuto Fiscal fundamentalmente, sobre la conveniencia (o no) del nombramiento. Éste será un momento fundamental para que los actuales miembros del órgano constitucional, que deberán ser renovados próximamente, actúen conforme al rigor jurídico que les es exigible. Por último, el Congreso de los Diputados deberá acoger, en su Comisión de Justicia (que está por formarse), la comparecencia de la candidata propuesta, siendo una ocasión perfecta para que las diferentes fuerzas políticas se retraten en relación con la defensa de una Fiscalía realmente imparcial, ajena a influencias exógenas al Derecho y guiada en exclusiva por el principio de legalidad.

El uso partidista de las instituciones, incluso de otros poderes del Estado, es siempre una tentación del Ejecutivo. Sin embargo, en una democracia seria y consolidada como la nuestra, es exigible que impere el normal funcionamiento de todos los poderes públicos. Si no fuera así, el sistema se quiebra y las consecuencias serán imprevisibles. Por tanto, debemos abogar por la defensa sin paliativos del régimen constitucional que mayores niveles de libertad, derechos y garantías nos ha proporcionado y rebelarnos cívicamente contra los ataques que se puedan producir.