¿Y éstos iban a limpiar España?

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido empezar peor. En menos de una semana, ya ha dimitido un ministro. Sánchez basó su moción de censura contra Mariano Rajoy en la regeneración de la política española, pero antes incluso de que su Gobierno eche a andar, ya tiene una crisis profundísima dentro del mismo. La ejemplaridad debería ser una obligación en política, no un mérito. En el caso del Gobierno socialista, además, es una necesidad. Con tan pocos diputados, tendrán que rozar constantemente la perfección para seguir sosteniendo el Ejecutivo. De ahí que la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, se hiciera insoslayable. Alguien que fue condenado a pagar a la Agencia Tributaria un total de 365.939 euros por utilizar una empresa interpuesta para tributar menos impuestos entre los años 2006 y 2008 debe estar inhabilitado para representar a los españoles en cualquier institución. Por mucho que ahora esté «al corriente» con sus obligaciones fiscales, no podía seguir sosteniendo la cartera de Cultura.

Las personas que dejan de pagar impuestos —o no pagan los que les corresponden en función de sus ingresos— merman con su irresponsabilidad los recursos públicos de todos. Si nadie los pagara no habría Educación, Sanidad o Infraestructuras públicas. De ahí que un ciudadano que defraude al fisco no pueda ser ministro. Ese cargo, además de la responsabilidad inherente que conlleva, exige de una conducta paradigmática, ya que su responsable ejerce de espejo ante los ciudadanos en un ámbito decisivo de la sociedad. Hay que reconocer que Màxim Huerta no ha tratado de agarrarse al sillón, pero es un consuelo mínimo. El actual Ejecutivo no se puede permitir la más mínima mácula pues entonces su moción carecería de sentido. Cierto es que el presidente del Gobierno se ha mostrado firme en todo momento y ha actuado con presteza.

Sánchez ha sido coherente con sus palabras de 2015, cuando se comprometió a prescindir de quien usara una sociedad para pagar menos impuestos. Sin embargo, cabe preguntarse por qué en un Ejecutivo que se había presentado como regenerador nadie se había preocupado de escrutar el currículo de su candidato ministerial. Màxim Huerta tenía un perfil público y cercano, exitoso en lo profesional, pero era obligación del PSOE saber a quién proponía un cargo tan importante. Del mismo modo, Huerta tendría que haberlo explicarlo antes de aceptar. Sobre todo, si tenemos en cuenta la filosofía de transparencia que habían enarbolado los socialistas. Huerta es ya breve historia de España, pero el PSOE tendrá que abandonar la teoría y centrarse en los hechos. A medio y largo plazo, la política se lleva muy mal con las promesas incumplidas. Si de verdad querían limpiar España, que empiecen a demostrarlo.