Esto no es nada comparado con lo que va pasar con el coladero de la regularización

La regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez presenta aspectos inquietantes que pueden tener graves consecuencias en materia de seguridad, porque la Policía ya ha advertido de los riesgos que implica no poder verificar por falta de tiempo y de medios la existencia de antecedentes penales de los demandantes. Y es que la norma es un coladero por la casi nula exigencia de requisitos y la permisividad manifiesta  en lo relativo a los antecedentes penales.

Y es que en el caso de que los países de origen de los inmigrantes no respondan a la petición de datos de la Policía, se entenderá que los inmigrantes carecen de un historial delictivo y, en consecuencia, podrán tramitar sin problemas su regularización. Puede pasar, pero en mucho mayor número, que tengan que anularse las autorizaciones, como ya ha ocurrido con el permiso de residencia concedido a un marroquí sobre el que pesaba una orden de expulsión y prohibición de entrada en España durante cuatro años, tras ser condenado por robo con violencia e intimidación y lesiones.

En noviembre, el Consejo de Estado, requerido por el Ejecutivo, emitió un dictamen, al que ha tenido acceso OKDIARIO, para que el Gobierno pudiera anular la concesión de residencia a este inmigrante. En julio de 2023, el inmigrante, de nacionalidad marroquí, presentó una solicitud de autorización de residencia temporal, alegando su arraigo familiar.

Tiempo después y tras comprobarse su historial delictivo, la subdelegación del Gobierno en Gerona dictó una «resolución denegatoria» de la autorización de residencia, alegando que «la conducta personal del solicitante supone una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad». Pero el inmigrante interpuso con éxito un recurso contra esta resolución denegatoria, concediéndosele una autorización de residencia hasta 2028.

Previamente, sin embargo, la Policía había iniciado el procedimiento sancionador para su expulsión, al estar condenado el extranjero a más de un año de cárcel. En julio, se dictó resolución acordando la expulsión y la prohibición de entrada en España durante cuatro años. Un lío jurídico de dimensiones colosales que puede reproducirse en mayor grado con la regularización masiva de 500.000 inmigrantes. Un lío jurídico y, por supuesto, un descomunal problema de seguridad.