El Estado de Derecho pone en su sitio a los censores

La decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de dar la razón al recurso presentado por OKDIARIO contra el veto del Congreso al periodista Segundo Sanz por publicar imágenes del despacho de Pablo Iglesias en la Cámara Baja supone un espaldarazo a la libertad de información que había sido secuestrada por la Mesa del Parlamento, dominada por los socialcomunistas y que contó también con el pastueño y cómplice apoyo de PP y Ciudadanos, que en una actitud lanar y acomplejada se sumaron a la censura impulsada por Meritxell Batet.

El Supremo reconoce que las imágenes del despacho de Pablo Iglesias eran de “ interés público” y anula la retirada de la acreditación al redactor de este diario. La decisión del Alto Tribunal deja en evidencia la actuación de la Mesa del Congreso, que en una actitud totalitaria más propia de la dictadura de Maduro que de una democracia, violó el derecho fundamental de comunicar información veraz, según el artículo 20 de la Constitución.

El varapalo del Tribunal Supremo es monumental, pues deja en evidencia los métodos censores de un órgano de la Cámara que, por lo que representa, debería ser guardián y defensor de la libertad. Lo que hizo la Mesa fue un atropello a un derecho fundamental. Que en esa tropelía antidemocrática participaran diputados de PP y Ciudadanos revela hasta qué punto llega el complejo del centro derecha.

Si de verdad quieren ser creíbles en su labor de oposición al Gobierno socialcomunista deben de empezar por distinguir entre lo que es democracia y totalitarismo. Vienen tiempos difíciles, en los que la libertad correrá peligro. Más les valdría no confundirse de enemigo.

Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es poner en su sitio a los censores y subrayar que hay derechos inalienables que son los pilares sobre los que se sustenta la democracia. Y esos derechos no pueden ser impunemente pisoteados. Y menos aún por quienes nos representan.