La equiparación salarial y el conflicto laboral en la Policía

Varios sindicatos policiales han anunciado medidas de presión contra el Ministerio de Interior, en desacuerdo con los 807 millones de euros presupuestados para equiparación salarial con Mossos, que Interior dice no incrementará. Tras la declaración de conflicto colectivo se reunirá el Consejo de Policía, que nunca resolvió ninguno de los conflictos planteados con anterioridad.

Los sindicatos tienen razón en lo que dicen, la injusticia del agravio salarial con Mossos, pero no en lo que piden. Existen agravios internos sin resolver. La vivienda es el 30-40% del salario de cualquier policía/guardia civil en algunos territorios. La Guardia Civil tiene 1.967 cuarteles, 33.843 pabellones-viviendas (6.000 exclusivos de mandos), 26.053 ocupados, 534 ruinosos. Ignorar que existe mayor agravio entre guardias civiles con viviendas gratis respecto a policías y guardias civiles sin vivienda en comunidades como Baleares, Madrid o Cataluña es tan injusto, como que 5.000 policías nacionales adscritos a comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valencia, etc), cobren 500 euros más/mes con menos riesgo y competencias que sus compañeros. 

Un policía o un guardia civil sin vivienda en Cataluña no debe cobrar igual, sino más que un mosso. Pocos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado allí destinados son nativos de ese territorio, están desplazados y debe valorarse la hostilidad social contra ellos y sus familias. Como en el País Vasco. También deben cobrar más en Madrid y Baleares por capitalidad y carestía de vida. Cobrar el mismo salario, 2.000 euros/mes neto, desplazados en dichos territorios, sin vivienda del Estado, que quienes tienen vivienda gratis en un pueblo con salario medio/población de 800 euros es un agravio mucho mayor que el que se dice querer resolver. Entre 2005-2008 se cumplió acuerdo con incremento salarial del 12% sobre IPC, mayor subida a policías que a comisarios y afectando a segunda actividad. David Taguas, director de la Oficina Económica de Moncloa, tenía en 2007 tablas de proyección salarial en territorios para previsible acuerdo 2009-2012, que llevaría a la equiparación salarial real, legalmente posible y justa, con más salario en Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco… y otras zonas más caras y conflictivas. La crisis económica lo impidió.

Los sindicatos policiales –y JUSAPOL– deberían revisar sus planteamientos. La ley que prometió Juan Ignacio Zoido y aceptaron, o la ILP en trámite, supondrían cambiar la Constitución y derogar los estatutos de autonomía más numerosas leyes orgánicas. Sentencia LOAPA Tribunal Constitucional de 1982. Desconocen la realidad que emana de la Constitución. Pasar del Estado descentralizado a uno centralista, eliminando las autonomías y sus competencias por la falsa equiparación salarial, no parece ser la voluntad de los políticos ni de la ciudadanía.

Sería razonable y necesario que más allá de eslóganes demagógicos, los sindicatos pidieran negociar complementos territoriales, valoración de viviendas, gratificación de comunidades autónomas, carestía de vida y rechazo social en el territorio. También sería razonable exigir mejorar el servicio a la ciudadanía denunciando identificaciones ilegales que vulneran derechos civiles y no se practican en ningún país democrático de Europa. Se identifican millones de personas al año  arbitrariamente por órdenes verbales del mando, nunca por escrito por ser ilegal. También las miles de llamadas al 091 que quedan cada mes sin atender. La ciudadanía abandonada y la Policía en prácticas despreciables para justificación de sus mandos. Estas denuncias servirían para presionar y desenmascarar las políticas ilegales de seguridad de Interior. Dignificar la profesión defendiendo, además de sus derechos, los de la ciudadanía. No vale como excusa un agravio salarial pretendiendo crear otro mayor entre los miembros de Policía y Guardia Civil. Planteado como está, ni el conflicto tiene salida, ni el agravio salarial solución.