Epidemias para el Gobierno: sanitaria, económica y judicial

La gravedad de la pandemia que estamos viviendo, ha mantenido aletargadas hasta ahora otras cuestiones, oscurecidas por la terrible mortandad de decenas de miles de compatriotas, de los que pronto esperamos conocer quiénes y cuántos son. A estas alturas, es inaceptable el baile de cifras en la serie estadística, que ya va camino de los tres meses.

Pero la pasada semana, duodécima en estado de alarma —el tiempo que la epidemia ha tardado en remitir— han ido aflorando y creciendo los efectos colaterales de la misma, en forma de variados problemas: judiciales y políticos para el Gobierno, y económicos para todos.

El primer problema colateral que se le plantea al Gobierno tiene como protagonista involuntario al Coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, cesado por la «pérdida de confianza» de la cúpula del Ministerio del Interior, según se ha publicado. Prefiero abstenerme de emitir ninguna opinión al respecto por diversas razones, entre ellas, haber conocido al Coronel, que fue un estrecho, competente y eficaz colaborador durante los cinco años que tuve el honor de dirigir ese sensible Ministerio. Tan solo diré que calificar al Cuerpo de la Guardia Civil de «muy complicado» —como afirmó ayer el Presidente del Gobierno en charla informal con periodistas—, es impropio de quien ostenta esa elevada magistratura, y debería aclarar el calificativo. En especial, en estos momentos.

Conexa con esta cuestión, aparece otra —esta sí «muy complicada» para la Justicia—, que tiene como telón de fondo 45 querellas y denuncias planteadas ante el TS por diversas instancias, en relación a la eventual responsabilidad del Gobierno en la propagación de la epidemia en torno a la ya emblemática fecha del 8-M.

Pero no acaban ahí las dificultades del Gobierno con la Justicia, y  entramos ya en el segundo problema colateral, de consecuencias imprevisibles. Estos días hemos conocido el vuelco en un caso judicial que fue utilizado como eje político de campaña en las elecciones generales del pasado año por el líder y candidato de Podemos, y actual Vicepresidente: De un día para otro, Pablo Iglesias ha pasado de autoproclamarse «víctima» de una conspiración para impedir su llegada al Gobierno —por parte de determinados medios de comunicación, en especial OK Diario; de elevadas instancias económicas y financieras y, como no, de las «cloacas del Estado»— a ver retirada por el juez su personación en la causa como víctima y perjudicado, a instancias de la Fiscalía anticorrupción, pasando él a incierta situación.

Por cierto, al hilo de aquello, en abril de 2019 el Ministro del Interior exigió «responsabilidades políticas» a sus antecesores; entre ellos, un servidor. El tiempo «quita y da razones» y acaba colocando a cada uno en su lugar. Me remito a la Justicia, como procede en un Estado de Derecho y con separación de poderes.

Pero la crisis sanitaria también ha aflorado graves problemas económicos que permanecían eclipsados. Entre ellos, el anunciado cierre de dos plantas de producción: la de Nissan en Barcelona, con la pérdida de unos 25.000 empleos, entre directos e indirectos; y la de alúmina Alcoa de San Cibrao, Lugo. Ambos, punta de lanza de una severa epidemia económica y social que se superpone a la sanitaria, de la que el Gobierno ha pensado protegerse con el escudo del Ingreso mínimo vital, estimado para unos 850.000 beneficiarios.

Nuestro sabio refranero reza que «a la fuerza ahorcan», y el otoño —con rebrote epidémico o sin él— se presenta particularmente «caliente». La UE promete solidaridad, pero no caridad. Su concreción no está clara con el frente «calvinista» de los países nórdicos y otros, que no están por la labor de regalar sus ahorros a los «malgastadores del sur», en especial Italia y España —según dicen. Y creo que el mejor aval para aportar confianza, no es precisamente presentarse en ese club, de la mano de comunistas afines a Maduro.

La supervivencia del Gobierno está garantizada como mínimo hasta noviembre, por no podersese convocar elecciones antes. A partir de esa fecha, todo estará abierto.

De momento, con una caída de los ingresos anunciada por el Gobierno de un 29% y un aumento del gasto superior al 46%, milagros, los justos. A pesar de todo, lo único que puede asegurarse es que —como diría Alfonso Guerra— «estos no se van ni con agua hirviendo».