Dictadoras del lenguaje

La Real Academia Española, tan nombrada últimamente debido a la fútil expresión “portavozas”, califica una dictadura como “el régimen autoritario en cualquier ámbito que reprime las libertades individuales”, entre otras acepciones. Siempre está bien acudir a la institución que cuida del lenguaje, especialmente cuando se trata de precisar el campo semántico de la dictadura lingüística. El separatismo catalán ha conseguido que se expanda como una pandemia y sea utilizado por nacionalistas e independentistas para tratar de secuestrar la voluntad mayoritaria de varias comunidades autónomas. Es el caso de Navarra y Baleares, donde Uxue Barcos y Francina Armengol —sus respectivas presidentas— son un claro ejemplo. Ambas actúan como dos auténticas dictadoras del lenguaje para tratar de erradicar el español de esas regiones. 

Tanto una como otra se desentienden de la realidad y desoyen el interés general de los ciudadanos para defender su verdad y la de sus socios de gobierno, que no es otra que el constante e incansable odio a España. Barcos se apoya en podemitas y proetarras para hacer de Navarra una colonia del País Vasco. Lo ha intentado de todas las maneras posibles: imponiendo la ikurriña, concediendo prebendas a los amigos de Otegi e incluso falseando los datos del uso del euskera para justificar el yugo educacional y propagandístico con el que intenta aplastar el español en la Comunidad Foral. Armengol, por su parte, no tiene nada que envidiarle cuando se trata de perseguir la lengua principal del Estado. Aliada con los nacionalistas radicales de Més, la presidenta balear trasciende el engaño en el que se escuda Barcos para llegar incluso a penalizar sin promoción ni posibilidad de traslado a los médicos que no consigan sacarse el título que acredite un sólido conocimiento de catalán. ¿Se puede permitir Pedro Sánchez comportamientos así en su partido?  

Una medida que encuentra en el adoctrinamiento su fin real. Los datos objetivos suelen ser muy tozudos ante la demagogia. En este caso dejan dicha medida en evidencia: sólo cinco de las 7.000 quejas en la sanidad balear fueron por no atender en catalán. Lo que denota la persecución que se le hace al español también en Baleares. Lamentablemente, la estupidez, al igual que el universo, es infinita. El diputado de En Comù Podem Joan Mena ha exigido la comparecencia de Méndez de Vigo por querer que el español sea vehicular en Cataluña. Ver para creer, no cabe un esperpento más. Ante este tipo de dislates, resulta fundamental la unidad formal y efectiva de los partidos y asociaciones constitucionalistas. La estabilidad de España no puede estar a merced de advenedizos con este nivel.