El daño económico de la impunidad y la corrupción

El Gobierno de Sánchez se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante. Todo ello, ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.

Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de valores, principios y moral de Sánchez han originado esperpentos como el vivido con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde no se sabe muy bien qué es lo que se aplicará, ya que ha pactado cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein. A Podemos le dice que habrá impuesto a las energéticas, a Junts que no lo habrá, y a Bruselas que habrá el paquete completo, subida del diésel incluida, pues es lo que remitió a la Comisión Europea en su plan de ajuste. Tras perder la votación del impuesto a las energéticas, aprueba un RDL para tratar de aplicarlo, cuando también será rechazado, presumiblemente, cuando se tenga que convalidar en el Congreso.

Todo ello, sus impuestos demagógicos y oportunistas, su persecución a las empresas, han creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional y en los de inversión extranjera recibida.

Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola al Gobierno, ya que si lo declarado por Aldama, en su confesión autoincriminatoria, resultara ser cierto, teñiría de corrupción a casi todo el gobierno, desde arriba hasta abajo, con honrosas excepciones. Es cierto que Aldama ha estado en prisión preventiva, aunque ahora haya sido excarcelado ante el riesgo de sufrir alguna agresión; es cierto que tendrá que probar lo declarado, pero también es cierto que lo que ha contado nada le reporta bueno si no es verdad, de manera que sólo siendo cierto y pudiendo demostrarlo le puede compensar, con lo que si se piensa racionalmente, habría que considerar que hay una elevada probabilidad de que sea cierto. Y si eso es cierto y puede probarse, entonces Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria del hedor nauseabundo de la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, la que los socialistas siempre niegan al resto, incluido Ábalos, al que abrieron expediente cuando se sabía del caso mucho menos de lo que ahora puede salpicar a otros ministros o al presidente, pero el cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al Palacio de La Moncloa.

Y la corrupción es letal para la economía. La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda.

La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.

Como ya escribí hace unos meses en OKDIARIO, hay estudios que calculan que el impacto que una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.

Por eso, no es un elemento positivo el escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afecta al entorno del presidente del Gobierno. Y mucho menos lo es escuchar las acusaciones directas de Aldama contra el presidente, medio Gobierno y la estructura del PSOE, con la acusación de cobro de comisiones, entrega de sobres y petición de un encuentro y foto con Aldama, según la versión de este último, que los socialistas niegan -como negaron el GAL, con aquel «no hay pruebas ni las habrá» de González; como negaron FILESA; como negaron el escándalo de Roldán; el de la Cruz Roja; el del BOE; el de los EREs, ahora perdonado por el Constitucional de Pumpido; como tantos otros-, pero foto, hay, y todo el entramado turbio, el rescate aprobado a Air Europa y otros elementos poco claros, también. Presunción de inocencia, desde luego, pero cada vez las piezas parece que encajan más en lo que sería, de confirmarse, un escándalo mayúsculo de corrupción.

Y siendo grave todo ello, todavía incrementa más la inseguridad jurídica la aparente impunidad que la proposición de Ley que el PSOE ha presentado parece querer introducir, que acabaría con la investigación de los actuales supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno. Esto, lo único que hace es lastrar más la economía, porque da la sensación de querer establecer la impunidad para esas personas.

Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo. Si llegásemos al nivel de extrema corrupción, con frena de cinco puntos de crecimiento, esas cifras anteriores se verían multiplicadas por diez.

Todo ello, requiere una explicación, porque si no hay nada raro, qué mejor manera de esclarecerlo todo. Sólo así se limitará el daño económico a España y podrá enmendarse este oscuro sexenio, donde llegaron a encerrarnos en casa inconstitucional y, por tanto, ilegalmente y nos obligaron a llevar mucho más tiempo que al resto del mundo unas mascarillas con las que algunos parece que se enriquecían, entre otros muchos negocios turbios, mientras nos incrementaban los impuestos para repartir un dinero a algunas empresas sobre las que se duda ahora del motivo por el que se les concedió dicho rescate.