Cuando las barbas de un hospital militar veas pelar…

Mientras el Gobierno socialcomunista insiste en que no hay problemas de suministro de luz ni de gas, decisiones como las del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, el mayor centro de referencia de la sanidad militar en toda España, acrecientan las dudas sobre la versión optimista del Ejecutivo. Y es que este hospital ha renovado su sistema generador de energía en situaciones de emergencia con el alquiler de cuatro grandes grupos electrógenos a través de un contrato urgente autorizado por el Consejo de Ministros con el objetivo de evitar un «fallo en el suministro ordinario de electricidad». Fuentes militares aseguran  que los actuales generadores han sufrido una «avería sin posibilidad de reparación», una justificación plena de lógica que, sin embargo, en el contexto actual adquiere una dimensión distinta. Y es que los hospitales tienen que contar, por razones obvias, con un suministro eléctrico de socorro ante la posibilidad de que se produzca un fallo en el suministro ordinario. La cuestión es que esa «posibilidad» es hoy más posible que nunca, razón de más para que la decisión del Gómez Ulla adquiera una relevancia que no habría tenido en otras circunstancias.

Y esas circunstancias vienen determinadas por las advertencias realizadas por Enagás y las compañías eléctricas en el sentido de que podrían darse condiciones que obligaran a un corte en los suministros. No se trata de abrazarse a las hipótesis más catastrofistas, sino de insistir en que el Gobierno tiene que arbitrar planes alternativos en previsión de que los problemas objetivos de suministro se compliquen con la entrada del invierno y crezca la demanda energética. En otras naciones han sido los propios Gobiernos -Austria o China, sin ir más lejos- quienes han advertido de que puede haber problemas, pero aquí el Ejecutivo socialcomunista se limita a negar la evidencia y a tratar de tranquilizar a la sociedad con mensajes que son más la expresión de un deseo que otra cosa. En este contexto, la decisión del Gómez Ulla obliga, indefectiblemente, a preguntarse si la palabra del Gobierno merece crédito. Y, por los antecedentes, la respuesta es obvia: en ningún caso.