Opinión

La competición fiscal entre territorios

La semana pasada, al hilo de la elección de Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de la Comunidad de Madrid y de las rebajas fiscales que anunció en su debate de investidura, se produjeron diversas reacciones por toda España: el Presidente valenciano Ximo Puig acusaba a la CAM de dumping fiscal; la Ministra de Hacienda avisaba del peligro de déficit lamentándose de las diferencias fiscales entre autonomías; y la Cámara de comercio de Soria alertó de que la bajada de impuestos en Madrid perjudicaría a su provincia.

El tema de la competición fiscal entre territorios tiene muchos matices. Insignes manuales de Hacienda pública recomiendan que los territorios puedan competir entre sí en carga fiscal y que los electores puedan “votar con los pies” eligiendo el que más les gusta. Es por ello que las propuestas liberales en España suelen promover el federalismo fiscal, que no es lo que tenemos, sino que sería algo así como dar a todas las CCAA el mismo margen de libertad que tienen Navarra, Guipuzcoa, Álava y Vizcaya (a quienes por cierto nunca se muestra en las comparativas), pero dando además margen para determinar el gasto. Ello permitiría que las CCAA pudiesen, además de bajar impuestos, reducir ingresos y gastos, reduciendo el tamaño del Estado, cosa a la que hoy no llegan.

En nuestro país, además, se da la siguiente paradoja: los socialistas apenas critican las pretensiones autonomistas cuando estas vienen del nacionalismo secesionista, pero se ponen muy nerviosos cuando quien baja impuestos son las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Cuando el que usa (que no abusa) de la autonomía es el PP, la izquierda se vuelve más centralista que Vox.

Y es que, a día de hoy, la competición fiscal entre CCAA es el mejor estímulo de nuestro sistema a las bajadas de impuestos. Además, sus efectos en relación con los conflictos territoriales no son hoy nada perjudiciales para la estabilidad institucional, pues se da la casualidad de que los secesionistas defienden los impuestos altos: no quieren repúblicas independientes precisamente para “hacer dumping”, sino para oprimir a sus contribuyentes. Y en esas condiciones las CCAA con impuestos bajos no hacen más que generarles un dique de contención.

En cuanto al problema de la España vacía, el mismo no se solucionaría con menos competición, sino con más: bajando impuestos en la zona más despoblada como piden las asociaciones en defensa de la España vaciada (que proponen una reducción selectiva para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel). Algo que podrían hacer las CCAA de Castilla y León, Castilla- la Mancha y Aragón si quisiesen.

Con todo, admitamos que hay un problema y que las CCAA ricas y pobladas pueden arrasar a las de la España vacía a base de competir fiscalmente. Ese problema no se deriva tanto de que las CCAA puedan competir fiscalmente entre si, sino del deficiente diseño de las CCAA: si Castilla la vieja fuese una sola comunidad autónoma, las CCAA de Madrid, Cantabria y La Rioja no perjudicarían al resto de provincias como ahora lo hacen, pues la bajada y el gasto, sería en beneficio de todos. Baste comparar a este respecto Castilla con Cataluña: si en Cataluña el área de Barcelona fuese una comunidad autónoma diferente del resto, perjudicaría más a la Cataluña semi-vacía de lo que lo hace actualmente.

En conclusión, que el nuevo Gobierno de Madrid va a dar tardes de gloria a los partidarios de los impuestos bajos. Y los socialistas bramarán, defendiendo un centralismo totalmente opuesto a sus hazañas territoriales. La clave es que, a día de hoy la competición es el principal y casi único estímulo para las bajadas de impuestos que ofrece nuestro sistema, y tiene dos perjudicados claros: el secesionismo y el socialismo.