El CNIO resucita de una «pesadilla estalinista»

El Gobierno sanchista, en este caso bajo la responsabilidad directa de la inexistente ministra Diana Morant, ha tardado dos meses y medio en segar la yugular de la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), cuya situación era absolutamente insostenible bajo todo tipo de denuncias y sospechas generalizadas de presunta corrupción económica y abusos laborales.

Una situación que ha sido calificada por investigadores del CNIO como «pesadilla stalinista» por las maneras y usos de María Blasco, que en su día fue cooptada a directora del centro por la siempre sospechosa Cristina Garmendia, aquella ministra del inexportable (salvo a Venezuela y Cuba) Rodríguez Zapatero.

María Blasco, la típica ultrafeminista izquierdosa, que durante un lustro cobró 30.000 euros anuales que no le correspondían, ha sido decapitada por Morant, Eva Ortega y el resto de altos cargos del ministerio. Se la han cargado con deshonor ante una situación «insostenible». Desde que trascendió la primera información comprometedora, Blasco empezó a encadenar error tras error en una deriva enloquecida, cual pollo sin cabeza.

Una institución científica de enorme prestigio internacional que fue fundada por el investigador español contra el cáncer más prestigioso de todos los tiempos, Mariano Barbacid. El fundador dejó un CNIO lleno de posibilidades y credibilidad internacional. Trece años después, este centro se enfrenta a una situación difícil que tiene que resucitar de las pavesas quemadas por Blasco. No deja de ser chusco que la interfecta (ya imputada por un juez por malversación) se haya presentado en sus últimos días de directora como una !víctima! y se ha comparado como una víctima judía en el paraíso nazi. ¿Se puede tener más desfachatez?

Lo que los contribuyentes españoles exigen es que devuelva los más de 300.000 euros percibidos de más (pese a las advertencias al respecto de la Intervención General del Estado) y que se ingresen en las cuentas del CNIO para poder contratar investigadores que se enfrenten a la enfermedad más letal de estos tiempos.

Las responsabilidades no deben quedar sólo en María Blasco. Afectan de lleno a las autoridades superiores que han permitido todos los desmanes denunciados, es decir, a la presidenta del Patronato, Eva Ortega, al Secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, y a la propia ministra Morant.

Ante un tema tan grave, con tanta repercusión social y ciudadana, el bisturí no puede ser cobarde.