La castuza okupa el Patio Maravillas

En menos de tres años de vida, el término ‘casta’ se ha vuelto en contra de Podemos. Desde su fundación oficial como partido político en enero de 2014, los populistas —anticipando las maneras de Donald Trump— han utilizado ese término para atacar tanto a los partidos tradicionales como a ese sistema del que tanto reniegan y al que se han agarrado en un intento de asaltar los sillones… que no el cielo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ‘la casta’ es un concepto que sirve para definir perfectamente su propia realidad teórica y práctica. Más allá del sectarismo ideológico, de los bandazos dialécticos en el Congreso, de la opacidad en su financiación y del enchufismo crónico en ayuntamientos como el de Madrid —y pocos días después de que saliera a la luz el pelotazo black de Ramón Espinar y su piso de protección oficial— el último ejemplo de desvergüenza, contradicción e hipocresía política ha tenido lugar el pasado domingo por la noche en el epicentro okupa de la capital de España.

Desde un punto de vista civil, la manifestación de apoyo al Patio Maravillas nunca debió producirse. La Delegación de Gobierno de Madrid actúa con diligencia al tramitar los expedientes abiertos por la Policía Nacional, ya que los promotores de la misma incumplieron la ley al celebrarla sin comunicarlo de manera oficial a la institución dirigida por Concepción Dancausa. No obstante, y a pesar de la gravedad de unos hechos que pueden conllevar multas de entre 600 y 30.000 euros para los organizadores, aún es peor la presencia oportunista de cuatro concejales de Ahora Madrid.

En una concentración ilegal donde el lema principal era ‘Con Madrid no se especula… El patio vive!’ estaba, por ejemplo, la concejala presidenta de los distritos de Tetuán y Moncloa-Aravaca, Montserrat Galcerán. Una “activista” de nula coherencia que posee nueve inmuebles, un patrimonio más propio de una millonaria que de alguien que dice luchar contra la especulación urbanística. El perfecto ejemplo de que no hay nada más castuzo que criticar como cargo institucional aquello que haces como ciudadano. Especialmente cuando cobras un salario público que, como en el caso de Sánchez Mato, Celia Mayer, Guillermo Zapata o la propia Galcerán, oscila entre los 58.000 y los 94.000 euros anuales, a años luz de lo que ni siquiera se atrevería a soñar un “oprimido del sistema”.