Sánchez se ha llevado del Congreso casi 50.000 euros por la cara

Desde que tomó posesión de su acta de diputado y llegó al Gobierno, Pedro Sánchez ha cobrado del Congreso 958,75 euros al mes -48.664 euros en total- en concepto de dietas por vivienda y transporte, una cantidad, además, exenta de tributación. Algo inexplicable si tenemos en cuenta que dispone de vivienda oficial con todos los gastos de manutención pagados y cuenta, como es natural, con todos los medios de transporte a su alcance en virtud de su cargo de jefe del Ejecutivo. Entramos de lleno en el terreno de la moralidad pública, porque la cantidad recibida no es fruto de ninguna irregularidad, sino de la falta de resortes éticos de un presidente que ha sido incapaz -por una elemental cuestión de decoro- de renunciar a una indemnización que en ningún caso está pensada para el presidente del Gobierno.

Sánchez renunció a su sueldo base de diputado en virtud de la prohibición de cobrar dos salarios públicos, pero no a la asignación parlamentaria que la Cámara Baja concede por vivienda y transporte, de modo que a su sueldo de presidente del Gobierno le suma los casi mil euros mensuales que el artículo 8.2 del Reglamento del Congreso contempla por gastos «que sean indispensables para el cumplimiento de su función». Parece evidente que Sánchez no tiene que hacer frente a gasto alguno «indispensable» para llevar a cabo sus labores de diputado, porque todos los gastos los tiene cubiertos por su cargo de presidente del Gobierno. Dispone de vivienda oficial y cuenta con el transporte necesario -y hasta el innecesario, como el Falcon- para desplazarse sin abonar un solo euro de su bolsillo.

Pedro Sánchez podía haber renunciado a esa asignación, pero no lo hizo y lo cierto es que ha ingresado casi 50.000 euros, libres de impuestos, por una indemnización que, en su caso, se ha llevado literalmente por la cara al no suponerle sus labores parlamentarias gasto «indispensable» alguno.