Botín, Galán, Guindos: una cuestión personal

No hay precedente de que el principal responsable de un país desarrollado gobierne en contra de los empresarios, que son los únicos que pueden ayudarle a generar riqueza, crear empleo y finalmente ganar elecciones. Esto sólo pasa en América Latina, después de que haya caído en las garras del socialismo radical, en algunos lugares de África y del hemisferio oriental, en todos aquellos estados presididos por un autócrata o simplemente subdesarrollados o pobres. Todavía es más inimaginable que el presidente de un Gobierno miembro de la Unión Europea canalice su enojo y su rabia contra aquellos penalizados por sus decisiones arbitrarias, que le llevan lógicamente la contraria, señalando públicamente a los empresarios rebeldes por su nombre; ni tampoco contra los reguladores que están llamados a controlar el poder del Ejecutivo, pues se les hizo independientes hurtándolos de la regla de la mayoría, alejados por completo de la norma democrática precisamente porque están concebidos para preservarla de las tentaciones totalitarias de todos los políticos sin excepción.

Por eso el caso de Pedro Sánchez es singular, el producto de una patología clínica merecedora de un tratamiento médico urgente. Cuando la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se mostraron públicamente disgustados y se opusieron a los impuestos que ha establecido el Gobierno injustamente contra las compañías bancarias y energéticas, Sánchez los citó y señaló por su nombre como personas contrarias a la causa del interés público y del bien común.

En estos tiempos presididos por la política de la cancelación y el malhadado movimiento woke, estas consideraciones peligrosas y fuera de lugar podrían ser tenidas, con mucha mayor justificación que las rabietas ridículas de los podemitas, feministas, ecologistas o trans, como una invitación al odio sobre las personas referidas, como un señalamiento nazi, como el establecimiento de la diana a la que deben dirigir sus dardos la legión de resentidos, de dependientes y de subvencionados de todo el país con el dinero de los demás.

Botín y Galán son los máximos ejecutivos de dos de las empresas privadas españolas más exitosas, cada una de ellas con sus respectivos accionistas y trabajadores, a los que deben proteger y remunerar al máximo ganando el mayor dinero posible. Sería insólito que sucediera lo contrario, que estos señores aceptaran mansamente el afán confiscatorio de un Gobierno radical que esgrime como pretexto, en el tono más populista posible, que tienen que arrimar el hombro, como si ya no lo estuvieran procurando dando el mejor servicio posible al precio más competitivo. Pero a Sánchez, espoleado por las críticas, no sólo se le ocurrió decir: pues si ladran cabalgamos. No. Fue mucho más allá. Pisó el terreno personal. Puso en el disparadero público a estos dos grandes personajes, afirmando que si Botín y Galán «se quejan es que estamos acertando».

Me temo que la enfermedad del señor Sánchez es severa porque hasta hace muy poco llamaba a los dos ejecutivos para que asistieran y dieran tronío a las presentaciones de sus planes más diversos, esos que iban a arreglar el mundo y a resituar en el mapa a España, abocada, gracias a sus delirios, a una recesión el próximo año. Aquella falsa luna de miel se ha terminado, sustituida por una guerra sin cuartel, y sólo cabe esperar que, aludidos a través de Botín y de Galán, el resto de los empresarios, incluidas las organizaciones que los representan, hayan aprendido la lección: este Gobierno los desprecia, los devasta y además los humilla y los expone en la hoguera de la plaza mayor; no hay nada que negociar ni pactar con él por mucho más dolor que pueda infligir. Al contrario, hay que hacer lo posible para derribarlo, es decir, dedicarse a crecer, prosperar y obtener beneficios -en medio de las tremendas dificultades que afrontan-, así como ayudar, si es que tienen excedente sobrante, a los que lo combaten a diario.

La última línea roja que ha traspasado Sánchez también formaba parte de una de sus cuentas personales pendientes: Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, la institución que acaba de emitir un dictamen que reprende al Gobierno español por el impuesto a la banca que se ha sacado de la manga. Naturalmente, el dictamen va firmado por la presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha sido evacuado por una comisión de expertos después de un mes de análisis, sometido a todos los protocolos que rigen en estos casos, aprobado por el consejo de gobierno en el que participan los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros de la Eurozona y comunicado al Ejecutivo español para advertirle, de manera no vinculante, de las consecuencias negativas que tendrá. ¡Y las tendrá! Puede complicar la solvencia y minar el capital y la rentabilidad de las entidades financieras, que son el corazón de la economía de mercado, contribuirá a reducir la concesión de créditos y a elevar su precio, entre ellos algo tan sensible como el coste de las hipotecas.

Sánchez pretende prohibir que los bancos trasladen a los clientes el impuesto, pero esto no sólo será imposible, además de ilegal desde cualquier punto de vista: sería adicionalmente perturbador, porque elevaría el coste de capital de las entidades, que a pesar de la subida de los tipos de interés sigue siendo superior a su rendimiento, y, por tanto, dañaría a sus accionistas, dirigiendo a las entidades hacia la quiebra y la pérdida de cualquier instrumento con el que hacer frente al aumento de la morosidad que provocará más pronto que tarde el aumento del precio del dinero.

La reacción de Sánchez ante el dictamen del BCE ha sido por supuesto la de hacer oídos sordos a sus sabias recomendaciones, pero sin evitar su tendencia a ajustar cuentas con un personaje que detesta: Luis de Guindos. Hace tiempo que le tenía ganas. Y ha sacado toda su artillería para herirlo: ministro de Economía del PP -es decir, partisano-, responsable del rescate bancario -que con mucho esfuerzo arregló el desastre del sector ocasionado por el Gobierno socialista de Zapatero y su gobernador político del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez- y responsable de Lehman Brothers en España, que por cierto era de las pocas filiales saneadas y con beneficios, aunque luego el banco quebrara a nivel global.

Tampoco en este caso hay precedente de todo un presidente del Gobierno de la zona euro esparciendo mierda sin pudor ni escrúpulo alguno sobre el número dos del BCE. La osadía, el atrevimiento y en suma el atentado son realmente formidables.

Por fortuna, esta explosión de malos humores que acumula Sánchez contra todo aquel que le lleve la contraria es una tremenda equivocación. Refuerzan al insultado y retratan al vengativo, que aparece ante las instituciones europeas e internacionales como un dirigente alejado por completo de la prudencia, de la elegancia y también del sentido común. Digamos que lo conducen progresivamente a la condición de proscrito, de la que se hace merecedor a diario.