Bofetada del Supremo al Gobierno: con la libertad de empresa no se juega

El bofetón del Tribunal Supremo a algunos preceptos de la Ley del Juego que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez a través del ex ministro de Consumo Alberto Garzón es de los que hacen época. Y es que el hecho de que la norma restringiera la publicidad en medios de comunicación sobre la industria del juego suponía un intervencionismo desmedido que vulneraba la libertad de empresa. Los jueces argumentan que Alberto Garzón con su real decreto «deslegalizó» la Ley del Juego de 2011, porque lo que antes se regulaba con una norma con rango de ley, ahora se regulaba con un simple reglamento posterior. El Gobierno socialcomunista aprobó en noviembre de 2020 limitar la publicidad de las casas de apuestas y juegos de azar en los medios de comunicación, restringiendo el horario de madrugada de 1:00 a 5:00. Su incumplimiento podría suponer para los infractores multas de entre 100.000 y un millón de euros.

Previamente al fallo que deja sin efecto la Ley del Juego, el Tribunal Supremo acudió al Tribunal Constitucional para preguntar sobre la constitucionalidad de la norma, pues el Alto Tribunal consideraba que la remisión que hacía la ley para desarrollar las restricciones en materia de publicidad era demasiado «genérica». Y es que el hecho de desarrollarse  a través de un reglamento podría vulnerar el principio de reserva de ley que impone la Constitución Española en derechos como la libertad de empresa de la que detalla que forma parte la publicidad. No porque la libertad de empresa sea un derecho absoluto, sino porque el procedimiento elegido para imponer restricciones a la publicidad debía establecerse por «una ley o por normas reglamentarias que disfruten de habilitación legal adecuada y suficiente», algo que la Ley del Juego no hizo.

Al fin y al cabo, los que pretendía el Gobierno era cercenar un derecho como la libertad de empresa a través de simple reglamento. Lo que hizo el Gobierno, como casi siempre, es matar moscas a cañonazos. El mensaje del Supremo es claro: con la libertad de empresa no se juega