No haber delinquido

Han condenado al hermano de Sánchez, David, a nueve años de inhabilitación para el ejercicio profesional, y a Miguel Ángel Gallardo, ex presidente socialista de la Diputación de Badajoz y creador de la plaza a medida para el homicida de Mozart, a dieciocho para cargo público. Por prevaricadores.

Fue salir la noticia y enseguida la motorizada mediática del PSOE se apresuró a guerracivilear en esa red donde el ignorante encuentra acomodo y el gorila, sustento. Las conclusiones a esta sentencia de más de 400 páginas por parte del ejército de iletrados sincronizados roza el ridículo, cuando no el delito.

Desde el carnicero de Adamuz, ministro matón de transportes, hasta la Charo concubina mediática, pasando por Chema «dosdeneis», iniciaron, con estructura léxica similar, o sea, parvularia, una campaña de desprestigio que buscaba situar a la Justicia en un páramo de descrédito.

Para ello no dudaron estos disciplinados defensores del parné monclovita en despotricar contra dicha sentencia, que fue tomada de manera colegiada y no individual, y en hablar de golpe a la democracia cuando lo que realmente ha sucedido es un freno a las ansias delictivas del poder autócrata que ellos representan, defienden o justifican.

Como buenos propagandistas, encontrarán acomodo fuera de la televisión pública y del cheque gubernamental en nuevas fosas sépticas de información bulera y sesgada o como enlace de cloaca informativa, para no desentonar en el postsanchismo.

A pesar del ejército de torpes iletrados del régimen, queda constatado lo que al hermano batutas del Presidente del Gobierno le hicieron, en un ejercicio de prevaricación probado (probado, pedretes sincronizados, probado), esto es: colocarle en un puesto público a medida de su incompetencia.

Cuando se supo, no fue la ultraderecha, en palabras de estos limitados portacoces, quien denunció la corruptela, sino Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez y aliado hasta ayer en su asalto y derribo a la democracia. Políticos del PSOE y frenéticos y fanáticos amanuenses a sueldo se indignan cada día por las investigaciones, imputaciones y condenas. Les molesta hasta la náusea que los periodistas libres vigilen y fiscalicen al poder, los policías y guardias civiles persigan el delito y los jueces dicten sentencias conforme a las leyes establecidas. Porque quieren unas normas y un Estado a la carta, con un menú propio para corruptos socialistas o delincuentes zurdos.

El hermano de Sánchez no estaría condenado si no hubiera obtenido esa plaza de forma fraudulenta… por ser el hermano de Sánchez. Begoña Gómez, mujer del Presidente del Gobierno, no estaría tetraimputada por la comisión de delitos graves si no fuera porque usó y abusó de dicha condición para cometerlos. Zapatero no acabará sus días en prisión, española o americana, si no hubiera consagrado su talante al contrabando de joyas y a humillar a los venezolanos que gritaban «¡democracia!» mientras él se llenaba los bolsillos protegiendo a sus asesinos. Ábalos no penaría en la cárcel si no hubiera malversado el dinero de todos los ciudadanos en colocar prostitutas en instituciones públicas y dedicar su vida, ya de por sí disoluta, al fornicio parlamentario. Cerdán nunca hubiera entrado en el trullo, adonde regresará, de no participar en una red nauseabunda de corrupción en Navarra y País Vasco, que lideró con el permiso de su jefe en Ferraz y Moncloa. Y así podríamos seguir hasta agotar los más de cien imputados que en relación con el Gobierno abren y cierran las diferentes causas judiciales en marcha.

Ni es lawfare ni tampoco persecución policial y judicial al PSOE y a Pedro Sánchez. Es la resistencia de un Estado de derecho a un ecosistema mafioso que busca delinquir con impunidad, robar en paz, saquear sin que le registren y pasear con tranquilidad por las calles representando de forma cínica y soberbia a los que roban, saquean y mienten.

Como les han pillado, se rebotan, replican, se revuelven y exigen que se les deje en paz. Lo tienen muy fácil. Que se lean el Código Penal, la Constitución, las leyes que ellos mismos sancionan (o sobre las que sus vasallos mediáticos informan) y después de eso, no delincan más. Sobre todo, que no delincan más.

Porque sin delitos, no hay juicios, ni sentencias, ni tenemos que sufrir el oprobio de indocumentados en las televisiones y radios de media España sentando cátedra sobre aquello que desconocen.