Peleas de gallos: dos comunidades españolas las permiten con la actual Ley de Bienestar Animal

El pasado 10 de marzo, la policía local de Sevilla intervino un total de 17 gallos de pelea que se encontraban abandonados en las inmediaciones del cementerio de San Fernando. Los animales fueron retirados por el servicio de recogida del Zoosanitario Municipal para su correcta atención veterinaria.

No fue un caso aislado. A finales de febrero, la Policía Nacional desmanteló un reñidero ilegal cerca de Motril (Granada). En la operación fueron identificadas 130 personas, se incoaron 27 actas por diferentes infracciones administrativas y fueron incautados 43 gallos de pelea junto con más de 46.000 euros en efectivo destinados, presuntamente, a la realización de apuestas ilegales.

Estos dos sucesos se han producido en Andalucía, que es precisamente una de las dos comunidades autónomas, junto con Canarias, en las que se siguen organizando, bajo ciertas limitaciones y requisitos, este tipo de eventos basados en el sufrimiento animal.

Protección animal

«Las competencias en protección animal y también de espectáculos están en manos de cada autonomía, y con excepción de Canarias y Andalucía, todas prohíben expresamente las peleas de gallos», explica Francisco Vásquez, fundador y presidente de la ONG animalista Anima Naturalis Internacional.

En el caso de Canarias, su normativa prohíbe las peleas de gallos, salvo aquellas que están protegidas por tradición. «Así que siguieron realizándose, pero bajo condiciones muy estrictas: no pueden ser públicas, no se permiten apuestas oficiales, no debe haber menores y tienen que realizarse en recintos cerrados de asociaciones registradas», añade Vásquez.

Por su parte, la ley andaluza prohíbe las peleas de gallos como tal, pero sí que se permite la organización de tientas —o riñas, como se las conoce en Andalucía— para probar la bravura de los gallos, y además pueden celebrarse con público y apuestas. «La diferencia es que el objetivo de este espectáculo no es la muerte del otro animal, aunque esto suceda en la mayoría de los casos», según el presidente de la ONG.

Ley estatal

Tampoco ha cambiado el panorama con la nueva Ley de Bienestar Animal que entró en vigor a nivel estatal en septiembre de 2023. El primer borrador contemplaba la eliminación en todo el país de las peleas de gallos y de otros animales. Pero posteriormente fue retirada esta medida a petición de la oposición.

Sí que se mantuvo, como consta en su artículo 25, apartado m, la prohibición de utilizar animales «en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica y otras similares, así como instigar la agresión a otros animales o a otras personas fuera del ámbito de actividades regladas», como indica el texto legal.

«Sin embargo, este punto sólo se refiere a animales de compañía o silvestres en cautividad. Además, en el artículo 1 de la misma ley se especifica que la norma excluye a los animales de producción o de granjas», matiza el presidente de Anima Naturalis Internacional.

Código Penal

Por último, Vásquez también menciona que el Código Penal, tras su última modificación, incluye en su artículo 337 el castigo a personas que «maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente». El castigo establecido en este caso es una multa de uno a seis meses.

«Lo que quiere decir es que las peleas de gallos son ilegales, excepto si tienen autorización de las instituciones, tanto en Canarias como en Andalucía, con los límites de sus propias normativas», aclara.

Cría de gallos

Por otro lado, la cría de la raza combatiente español, que es la más empleada en este tipo de prácticas, sí que está legalmente permitida en todo el país, ya que dicha actividad no presupone que los animales vayan a ser utilizados en combates.

Según el censo de 2020 de la Unión de Criadores de Gallos Combatiente Español —con datos de 13 Comunidades Autónomas, entre las que no figura Canarias— la inmensa mayoría de los criadores se encuentran en Andalucía, con 1.656 de los 1.733 registrados. Estos criadores son los únicos que pueden organizar las riñas en esta región.

En el caso del territorio canario, la Federación Gallística Canaria es la principal entidad que agrupa a los criadores y asociaciones de galleros del archipiélago. La federación reúne a medio centenar de asociaciones gallísticas y unas 1.500 personas vinculadas. Estas asociaciones son las que celebran las peleas.

Criaderos clandestinos

Al margen de la cría legal, diversas investigaciones policiales y judiciales han revelado que los criaderos clandestinos están extendidos por distintas zonas del país.

En estas instalaciones, los animales suelen mantenerse en condiciones precarias o insalubres y son sometidos a entrenamientos y procesos de selección para el combate en los que con frecuencia sufren severos daños.

A finales de febrero, la Guardia Civil anunció que había abierto diligencias contra dos personas en el marco de un caso de maltrato animal en Torre Pacheco (Murcia), por la mutilación de gallos de la especie combatiente español y la tenencia ilegal de jilgueros.

Gallos mutilados

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) hallaron en un inmueble de la localidad murciana diversos ejemplares de gallos que tenían las crestas mutiladas y las barbas cortadas, técnica muy habitual entre los dueños para las peleas entre gallos.

También verificaron que se les habían afeitado los espolones para aumentar el daño a los adversarios durante el enfrentamiento. De hecho, se comprobó que algunos de los ejemplares tenían restos de sangre en sus espolones, síntoma de haber participado en peleas.