Mario Arnaldo: «Recomendamos recurrir todas las multas de las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid»

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 22/09/2024 06:30
  • Actualizado: 22/09/2024 06:30

Esta semana, la de la Movilidad Europea, ha sido movidita con la decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las Zonas de Bajas Emisiones a raíz del recurso de Vox a la ordenanza municipal que regula las restricciones de circulación en la capital.

Una de las entidades más críticas y más batalladoras en la puesta en marcha de estas medidas anticontaminación ha sido Automovilistas Europeos Asociados, que pidió al alcalde de Madrid una moratoria de dos años para dar más tiempo a adpatarse a la norma los propietarios de vehíulos sin etiqueta afectados.

En todo este episodio, que ha creado dudas en cuanto a las sanciones ya impuestas y si se podía entrar libremente en Madrid Central, entrevistamos a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, para que explique qué ha ocurrido, qué deben hacer las personas sancionadas y cuáles podrían ser las soluciones.

OKGREEN: Ante la decisión judicial de anular Madrid Central, ¿cuál es la postura de Automovilistas Europeos Asociados?

Mario Arnaldo: Nosotros, después de un meditado estudio de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nos parece que está muy bien fundamentada y que viene a confirmar lo que ya en otras ocasiones otros tribunales ya han manifestado.

El antecedente más inmediato está en la sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña respecto de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona o incluso en la que obtuvimos, anulando Madrid Central del anterior equipo de gobierno.

Las Zonas de Bajas Emisiones, y en eso estamos todo el mundo de acuerdo, son necesarias. Son obligatorias por la Ley de Movilidad, pero debe de ir acompañada por los necesarios informes económicos y de impacto y, sobre todo, algo que muchas veces las administraciones se olvidan, de los informes de vulnerabilidad.

Esto parece que es algo muy novedoso, pero lleva ya mucho tiempo, porque cuando se adoptan medidas restrictivas que van a prohibir la circulación de determinados vehículos y además en una amplísima zona de Madrid, todo Madrid, quedaba restringido el acceso de estos vehículos.

Hay que hacer un estudio para saber qué impacto va a tener sobre las personas, especialmente las más vulnerables. Un multimillonario puede comprarse un coche o cambiar a coche eléctrico de última generación, es evidente que a esa persona no le va a afectar.

Pero al que tiene un vehículo antiguo, que a pesar de que sea antiguo, pasa sus revisiones anuales de ITV, en las que se comprueba muy exhaustivamente el nivel de emisiones reales que tiene ese vehículo, y se le da el visto bueno para que pueda circular.

Resulta que ahora se le dice que tiene que tirar ese coche a la basura. Y eso es lo que ha ocurrido en Madrid. Es decir, aquí se adoptan medidas de restricción. Muy bien. Es la alternativa que adoptó este equipo de Gobierno y el anterior.

Pero lo que se le critica es, en primer lugar, usted no ha medido ni ha valorado el impacto que tiene eso sobre la población, especialmente en los sectores más vulnerables, no solamente de particulares, sino también de empresas.

Muchas empresas, que tienen un vehículo que está en perfecto estado de mantenimiento deben que comprarse uno nuevo. A lo mejor tienen que cerrar esa empresa o les afecta esos cambios. Esas inversiones afectan a la competitividad.

Pues eso es lo que se critica, no que usted no tenga que adoptar medidas, que en eso estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad del aire, pero para llegar a ese objetivo se pueden tomar distintas opciones.

Y aquí lo que está ocurriendo es que las distintas administraciones es que ni valoran económicamente ni ven qué impacto se va a tener en la población  más vulnerable, pero es que tampoco están analizando otras alternativas.

P.: ¿Esta situación se veía venir?, porque parece algo que ha surgido de la nada…

R.: Sí, sin duda. Nosotros ya lo dijimos cuando recurrimos la ordenanza de Carmena y lo hemos vuelto a decir cuando se aprobó esta nueva ordenanza de movilidad o esta modificación de la orden con Madrid 360.

No tenía informes económicos. Está confundiendo el Ayuntamiento de Madrid lo que son informes de impacto de vulnerabilidad con informes presupuestarios. En la memoria se incluyó lo que iba a costar la implantación de Madrid 360 y también, y creo que es poco conocido, es que ya se preveían incluso la recaudación de multas que iba a tener Madrid 360, concretamente en el cuatrienio 2021 – 2025, ya tiene la desfachatez el Ayuntamiento de Madrid de prever unos ingresos por multas de 258.132.242 de euros.

Es decir, ya había previsto esto hasta el año 2025. Bueno, en la previsión que nosotros hemos hecho, desde que se comenzaron las Zonas de Bajas Emisiones, es que se han tramitado 1.760.000 expedientes sancionadores por un valor económico de 330 millones de euros.

Es que ni siquiera esos 258 millones que estaban previstos, que ya se han superado, es lo mínimo que se ha destinado para las subvenciones para poder cambiar esos coches por otros menos contaminantes.

El Ayuntamiento reconoce que solamente ha dado para toda la flota, no solamente de particulares, también las flotas municipales de la Administración 100 millones de euros.

Es decir, esto a mí me parece que es una desvergüenza y que, además, a la vista de estos datos y de los informes, lo que hay que volver a acusar al Ayuntamiento de Madrid es que, bajo la bandera medioambiental y de mejorar la calidad del aire, está utilizando las Zonas de Bajas Emisiones como un negocio, con una finalidad absolutamente recaudatoria. Además, ya hay centenares de sentencias de los tribunales que declaran y anulan las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid.

Nosotros estamos tratando con personas que tienen acumuladas deudas, incluso con amenazas de embargos de 20.000 y 30.000 euros, con lo que se está creando un grave problema social. Esto es inaceptable…

Y el Ayuntamiento de Madrid ha creado un gravísimo problema con el tema de las multas porque no se estableció, no se reguló convenientemente y, sobre todo, no se hicieron los informes de qué impacto iba a tener esta normativa sobre los estatus más vulnerables.

Y en este sentido, ya hay una prohibición para los vehículos matriculados fuera de Madrid que desde el uno de enero de 2024 no pueden entrar en todo el término municipal de Madrid, que es una extensión enorme.

A partir del 1 de enero de 2025, tampoco los propios vecinos, los que llevan viviendo en Madrid y pagando sus impuestos en Madrid, tampoco van a poder utilizar sus coches.

Nosotros hicimos un estudio utilizando los datos que hay en el padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que constan en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento, donde figuran 1.300.000 vehículos sin etiqueta que el día 1 de enero no iban a poder circular y que sus propietarios tendrían que expulsarlos fuera del término municipal de Madrid, tendrían que sacarlos de su casa de Madrid y de las calles de Madrid, porque ni siquiera podían estar estacionados y expulsarlos o dedicarlos a la chatarra.

Por este motivo pedimos una moratoria al alcalde de al menos dos años, precisamente porque estábamos viendo que todavía quedaban muchas personas afectadas y que se iba a crear un gravísimo problema.

El problema que se quiere conseguir de reducir la contaminación no podía ser compatible con el generar a base de multas, un grave problema social a miles de familias. Eso es inaceptable.

Y eso es lo que ha ocurrido, es lo que la Justicia le dice al Ayuntamiento con una sentencia sinceramente muy equilibrada. No da solamente la razón a Vox en los planteamientos que hace, reconoce que el Ayuntamiento ha hecho bien las cosas, pero en este aspecto, cree que no está justificado y por eso anula las ZBE.

Es decir, no está justificado precisamente el impacto económico que se va a generar y no hay informes de vulnerabilidad, no hay, y eso es lo se debería haber hecho. Se comete el mismo error que ocurrió con la ordenanza de Carmena.

P.: Reclaman la paralización de la tramitación de multas y la devolución de lo cobrado. ¿Cuándo van a realizar este paso de paralizar y reclamar?

R.: Sí, vamos a pedir la paralización, por supuesto. Ya hemos tenido noticia de que han anunciado que van a recurrir ante el Supremo. El Ayuntamiento de Madrid está en su perfecto derecho para que la sentencia que han dictado no adquiera firmeza.

Y yo espero que esta decisión no se haya planteado como una estrategia de engaño procesal, o como una especie de huida hacia adelante, para no tener que devolver el dinero cobrado.

P.: ¿Qué recomiendan a los afectados?

R.: Automovilistas Europeos y Asociados sigue recomendando que se recurran todas las multas y que se devuelva el dinero cobrado.

Que el ciudadano recurra las multas y no las pague por una razón, porque el Ayuntamiento pretende utilizar una estrategia legal en el sentido de que la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo dice que, cuando se dicta una sentencia que anula una disposición de carácter general, afecta a los actos administrativos que estén pendientes de ejecutar, no el que ya está ejecutado.

¿Eso qué quiere decir? Que el Ayuntamiento de Madrid dice, mire, si yo retraso, cobro a esta gente que ha pagado la multa, aunque, hipotéticamente el Tribunal Supremo en el tiempo que dure el recurso de casación, tres o cuatro años, seguimos cobrando, seguimos recaudando.

Nosotros recomendamos que se recurra y, además, vamos a arbitrar porque en nuestra opinión esta sentencia está muy bien fundamentada. Que recurran para que no adquieran firmeza esas multas y en todo caso, si han pagado, hay un mecanismo de responsabilidad, no de devolución de ingreso individuo, sino de reclamar una indemnización al Ayuntamiento por el mismo importe que han cobrado.

Es decir, el Ayuntamiento de Madrid tendría que indemnizar a los automovilistas sancionados con el mismo importe de las multas pagadas por la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido al imponer sanciones en base a una norma que ha sido declarada nula por la impericia de los políticos que la aprobaron.

P.: Habla de que esto es un negocio. ¿Cuánto ha costado montar Madrid Central?

Bueno, aquí es que yo la verdad me quedo perplejo. No podría decirtelo por una razón, porque aquí hay distintas partidas que ha metido el Ayuntamiento de Madrid. No, no es posible cuantificarlo porque hay un montón de partidas.

Sin duda el balance entre lo que ha costado y lo recaudado es positivo para el Ayuntamiento, incluso todas las cámaras que se han puesto en marcha ha habido fondos de Next Generation, es decir que encima las ha financiado la Unión Europea. No, por tanto, es difícil calcular, pero muchísimo menos de lo que pretendían como previsión de ingreso por multas, esos 258.132.242 de euros

P.. Si no recuerdo mal, con Carmena en el 2018 el presupuesto era de más de 11 millones de euros…

R.: Sí. Pero en cualquier caso, insisto, esto es una vergüenza. O sea, es evidente que ustedes ya preveían que iba a haber infractores en Madrid por valor de 258 millones que, al final en los datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, son 330 millones a fecha de marzo de 2024.

Con los datos que nosotros hemos manejado y que insisto, lo digo porque el alcalde de Madrid y la vicealcaldesa siempre nos acusan, que hay que minimizarlos, que los datos que nosotros manejamos no son exactos.

Los datos que maneja Automovilistas Europeos, y tratamos de ser muy precisos, son los que están publicados por el propio Ayuntamiento de Madrid en el portal.

Y si, como dice el alcalde, nuestros datos no son correctos, pues lo que tendrán que cesar es a los responsables que están publicando datos falsos. Porque esos datos que nosotros estamos publicando, y que estamos facilitando, son datos del propio ayuntamiento, del portal de datos abiertos que cualquier ciudadano puede ver.

P.: Lo de suspender las ZBE ha ocurrido en Burgos, Barcelona, Madrid… ¿Esto puede ocurrir en más ciudades?

R.: El error en que están incurriendo los ayuntamientos en España es que no han hecho un plan de reconversión, que es lo que debería haberse hecho en España. Lo mismo que se hizo un plan de reconversión industrial para la minería o un plan de reconversión industrial para los astilleros.

Era necesario hacer un plan de reconversión para renovar el parque automóvil en España para mejorar la calidad del aire porque estamos en un momento de transición y de cambio.

Pero, ¿cuál es el problema? Que no se ha hecho una reconversión y eso cuesta dinero. Y habrá que ver cuántos coches son contaminantes o qué es lo que queremos hacer, reconvertir o cuánto vamos a destinar a la financiación del transporte público porque es una cuestión a resolver, la movilidad de los ciudadanos. Es decir, cómo se mueven los ciudadanos en las ciudades, cómo y qué planteamiento va a haber para el futuro. Preguntando si el teletrabajo va a reducir la movilidad, las previsiones de las concentraciones urbanas, etcétera…

Vamos a hacer un plan. Bien hecho. Y decir, mire usted, aquí la movilidad basada en el transporte privado no va a ser posible y hay que eliminar estos coches o hay que sustituirlos, pero hay que valorar cuánto vale ese dinero. Cuánto vale ese parque…

Nosotros hemos hecho una petición al alcalde de la moratoria, respecto a 1.250.000 vehículos que no iban a poder circular. El valor patrimonial de ese parque nosotros lo valoramos en 5.200 millones de euros.

Es decir, ¿usted quiere eliminar estos vehículos? Vale, pues muy bien, pero no pretenderá que esto sea a cargo sin compensación ninguna al propio usuario. ¿O sí?

Habría que hacerlo igual que ha ocurrido en otros procesos de reconversión, el Estado o con fondos europeos ha tenido que financiar esa transformación… eso es lo que ha habido o había que hacer y ése es el error. Es decir, mire, aquí ha venido la Ley de Movilidad. Se ha hecho deprisa y corriendo. No se ha hecho a nivel nacional en el sentido de que aquí cada ayuntamiento ha hecho lo que ha querido, con una normativa cada uno,  pero nadie ha valorado el impacto de las medidas.

Y por eso digo, y te respondo a tu pregunta, de si eso va a tener efectos, pues en todos aquellos ayuntamientos que no hayan valorado el impacto económico que va a tener las medidas que adopten. Así de sencillo.

De los datos que nosotros manejamos, hay 17 con ordenanzas de bajas emisiones en vigor y están en preparación en otros 120 ayuntamientos.

Nosotros hemos visto que no hay ninguna ordenanza en la que se haya hecho estos informes o estudios de vulnerabilidad, no hay ninguno. Nosotros no hemos estudiado todas las ordenanzas y todos los estudios, pero hemos visto que no hay ninguno que aluda a la vulnerabilidad sociodemográfica y la accesibilidad a los modos más sostenibles, a los medios de transporte.

Es decir, que, de las 17 ciudades, la gran mayoría va a tener un problema. Sí, Barcelona la tuvo y tuvieron que aprobar otra ordenanza. Hay otra sentencia del Tribunal de Justicia de Cataluña que anula las de los cuatro ayuntamientos que estaban dentro del ámbito del área metropolitana de Barcelona. Es decir, no hay informes de impacto económico y así no se puede adoptar una medida restrictiva.

Insisto que la confusión no está en que no pueda establecerse Zonas de Bajas emisiones, sino que cuando se apruebe una ordenanza y se van a restringir derechos, hay que motivarlos y hay que adoptar medidas que sean proporcionadas.

P.: Proponen dos años de moratoria al Ayuntamiento de Madrid, ¿son suficientes?

Creemos que sí. Y sobre todo para paliar el problema, porque todavía son muchos los coches de residentes en Madrid. Me he quedado perplejo con la decisión que he conocido del Ayuntamiento de Madrid de ir al Supremo porque dice que sus servicios jurídicos han aconsejado que se puede recurrir muy bien.

Pero a la vez dicen que están preparando crear una nueva ordenanza de movilidad. Pues no lo entiendo muy bien, que con independencia de lo que diga el Supremo, estamos preparando una nueva ordenanza. Sinceramente, es contradictorio.