Inician acciones legales que eviten el arrancar olivos para instalar una planta fotovoltaica en Jaén

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 26/08/2025 05:00
  • Actualizado: 26/08/2025 05:00

En noviembre de 2024 se iniciaron las primeras movilizaciones en contra de la instalación de una macroplanta fotovoltaica en la provincia de Jaén, un proyecto promovido por Greenalia, y evitar el arranque de olivos.

Pasados unos meses, SOS Rural y Ecología y Libertad anuncian este mes de agosto la ejecución de las «primeras acciones legales para detener ya la tala de olivos para instalar placas» en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, en Jaén.

En sus denuncias públicas del año 2024 ya afirmaban que «la expropiación de terrenos en Jaén y Córdoba y la tala de sus 100.000 olivos para la construcción de una mega planta fotovoltaica».

«Daño irreparable»

La organización SOS Rural advertía entonces «del daño irreparable que supondrá la tala masiva de 100.000 olivos expropiados en Andalucía para construir una mega planta fotovoltaica».

En cuanto a las acciones iniciadas este mes de agosto, desde ambas organizaciones explican que estas primeras medidas, que se enmarcan en una macrocausa jurídica pionera en toda España, «buscan frenar la expansión caótica y especulativa de proyectos fotovoltaicos en tierras agrícolas de alto valor productivo».

«Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo», afirma Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

Revisiones de oficio

Las primeras acciones judiciales, que según sus promotores «se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos», consisten en las revisiones de oficio (procedimientos administrativos) contra los proyectos de la Campiña Norte.

Especifican que se ha presentado ante el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales (Autorizaciones Administrativas Previas, Autorizaciones Administrativas de Construcción y Declaraciones de Utilidad Pública) de las siete instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas.

Además, se ha registrado, en este caso ante la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas, la tramitación ambiental, de esas mismas instalaciones.

«Ambas solicitudes de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales y ambientales, aprobadas por la administración autonómica, han sido instadas por SOS Rural y Ecología y Libertad por adolecer de vicios que las hacen nulas de pleno derecho», explica Corbalán.

Fraccionamiento ilegal

Denuncian que «existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW.»

Detallan que, de este modo, «se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)».

De igual modo, apuntan a que «existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario».

Información a las autoridades políticas

«Hemos informado a las autoridades políticas de las administraciones locales y autonómicas de todas las revisiones de oficio instadas», concreta Corbalán. Este paso implica, según los demandantes, que «se ha comunicado a los alcaldes las consecuencias que tendrían para ellos la anulación de las autorizaciones administrativas de estos proyectos, en el caso de que decidan seguir adelante y conceder licencias —de obra y/o actividad— sin realizar el juicio previo de legalidad».

Advierten que entre las consecuencias «se encuentran la probable exigencia de responsabilidad patrimonial por parte del promotor a los ayuntamientos» y la posible «toleración» de un presunto delito contra el medioambiente.

«Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios», resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, «puede constituir un ilícito penal contra el medioambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas».

Acceso a los expedientes

Ambas plataformas han presentado dos escritos, ante los ayuntamientos de Arjona, Lopera y Marmolejo, para que, «en caso de no haberse procedido a la terminación de los expedientes de licencia —de obras y/o actividad—, se tenga en cuenta a Ecología y Libertad como interesada para que pueda participar en esos expedientes y ser conocedora de su tramitación».

En caso contrario, si ya se hubieran concedido las licencias, se solicita el acceso a Ecología y Libertad a los expedientes administrativos íntegros tramitados para la concesión de licencias. Así mismo, se ha solicitado acceso al expediente sectorial íntegro, de información pública, tramitado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía respecto a los nueve proyectos.

“Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán.

«Modelo de implantación irresponsable»

Las plataformas inciden en que no se oponen a la transición energética, sino al modelo de implantación irresponsable que sacrifica patrimonio rural, biodiversidad y soberanía alimentaria.

Para evitar que se arranquen olivos e instalar una planta fotovoltaica, exigen una planificación territorial vinculante, similar a la de Francia o Italia, que priorice terrenos degradados antes que suelos fértiles (como los S1 y S2), que actualmente concentran la mayoría de plantas fotovoltaicas y termosolares en Andalucía. Con más de 132 000 firmas respaldando la causa, SOS Rural reclama una moratoria legal y una revisión profunda del modelo de desarrollo energético.