La industria auxiliar del sector eléctrico reclama prolongar la vida de las centrales nucleares

• Antonio Quilis Sanz @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora responsable de OKGREEN en OKDIARIO. Antiguo director de El Mundo Ecológico y colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 25/02/2025 18:42
  • Actualizado: 25/02/2025 18:42

Más de 20 empresas pertenecientes a la Industria Auxiliar del Sector Eléctrico se han adherido hoy a un manifiesto en el que se reclama la extensión de vida de las centrales nucleares españolas ante el cierre escalonado previsto a partir de 2027.

La firma del manifiesto se ha realizado en Madrid en un acto en el que se ha expresado la preocupación por la continuidad del parque nuclear ante un «momento crítico» para el sector y «el altísimo impacto que pondría en jaque a la industria del país y en el bienestar de la sociedad».

El presidente y consejero delegado de GDES y expresidente de la Sociedad Nuclear Española, Héctor Dominguis, ha destacado ante la prensa que el sector ha elaborado este manifiesto para trasladar su preocupación sobre el posible cierre nuclear en España «en términos de garantía de suministro, competitividad industrial y sostenibilidad medioambiental».

Renegociar el calendario

En concreto, la industria auxiliar ha pedido renegociar el calendario de cierre de las centrales nucleares y revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para garantizar la continuidad de este tipo de energía, que a su juicio debe ser reconocida como «fiable, eficiente y competitiva» y «recibir un trato justo» para incentivar la inversión en ella.

Los principales actores del sector destacan que la actividad nuclear genera 20.000 empleos estables y cualificados y que el apagón supondría «perder el talento de más de 40 años de operaciones» que «sitúan a España entre los primeros puestos del ránking mundial» y, además frenaría la posibilidad de participar en los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo ahora mismo en el sector.

Así se han expresado a través de un manifiesto conjunto firmado por Empresarios Agrupados Internacional SA, Framatome Spain SL, GD Energy Services SAU, GE Hitachi Nuclear Energy, IDOM y Westinghouse Electric Spain S.A.U., al que se han adherido otras 22 organizaciones como el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

Muchos años más de vida

En el texto los firmantes del sector de esta industria destacan que las centrales nucleares españolas «están modernizadas y en condiciones de operar durante muchos años más» y han destacado cómo ellos, como empresas auxiliares del sector eléctrico, confirman que estos edificios «están entre las mejores del mundo en tecnología, seguridad y eficiencia».

A su vez, señalan que el cierre nuclear se adoptó «en un contexto geopolítico, social y económico completamente distinto al actual» en referencia al plan de cierre que entonces, en 2019, se consideró como»revisable». Ahora, consideran que en la actualidad hay un panorama «con tensiones geopolíticas muy distintas».

Además, destacan que España no se puede permitir someter a su tejido productivo a una merma de competitividad, sobre todo en la industria, por el hecho de tomar la decisión de cerrar las centrales  nucleares «sin antes asegurar una alternativa viable con todas las fuentes de energía no emisoras de dióxido de carbono (CO₂).

Independencia energética

Debido a ello, los firmantes defienden que la prolongación de la vida operativa de las centrales permitiría garantizar la sostenibilidad del sistema energético español, sin poner en riesgo la seguridad del suministro, ni la expansión de infraestructuras renovables. Así mismo, colaboraría para el aumento de la independencia geoestratégica de España frente a otros países.

El manifiesto indica que «no se puede someter a nuestro tejido productivo a una merma de su competitividad por el hecho de tomar la decisión de cerrar las centrales nucleares a partir del 2027, empezando con la central nuclear de Almaraz, sin antes asegurar una alternativa viable con todas las fuentes de energía no emisoras de CO₂».

Golpe económico y social

El escrito alerta que «el desmantelamiento prematuro de estas infraestructuras supondría un golpe económico y social irreparable para las regiones donde operan, afectando también a la competitividad de la industria nacional y debilitando el tejido productivo vinculado a la energía».

De manera más general, reclaman que España aplique una política energética basada en criterios técnicos y económicos, «alineada con las prácticas internacionales que valoran la energía nuclear como esencial para la transición ecológica».

En este sentido, piden observar la evolución de estas políticas en otros países, por ejemplo, la manera en la que la industria alemana ha pasado de ser líder industrial mundial a perder competitividad y depender de fuentes de energía emisoras de CO₂.

Eficaces, fiables y seguras

Héctor Dominguis también ha destacado que hoy en día las centrales «son más eficaces, más fiables y más seguras que el día en el que empezaron a operar, ya que cada año las empresas invierten más de 30 millones al año por reactor».

Así mismo, ha recordado que las nucleares han evitado «apagones» en España durante fenómenos meteorológicos extremos como Filomena o la dana y que son necesarias para atraer centros de datos y demás industria que se está tratando de atraer al país.

Ante preguntas de los periodistas, que han inquirido sobre si las empresas titulares van a hacer alguna petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para renegociar el cierre nuclear, el consejero delegado de EAG (Empresarios Agrupados-GHESA), Javier Perea, ha destacado que algunas empresas titulares sí que se han expresado en este sentido y que, de todos modos, el rol de la Industria Auxiliar del Sector Eléctrico no es el de «entrar en discusiones políticas».

Visita de Ayuso a Almaraz

También hoy jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita con su homóloga extremeña, María Guardiola, a la central nuclear de Almaraz ha resaltado que su cierre en 2027 supondría un daño irreversible a España y la pérdida del 15% de la energía eléctrica madrileña.

Las presidentas de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Extremadura, Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, firmaron ayer, en Mérida, una declaración institucional reclamando la prolongación de la vida útil de esta infraestructura ante la decisión del Gobierno central de apagarla en 2027.

Ayuso ha declarado que «el cese de operaciones de la central causará un daño irreversible a España, que no cuenta con infraestructura tecnológica necesaria y no está preparada para reemplazar a la energía nuclear».

En sus declaraciones, Ayuso ha explicado que «recientes estudios constatan que el fin de estas centrales provocaría un aumento del 23% de la factura de la luz para hogares y pequeñas y medianas empresas, con un coste de 22.500 millones de euros».

Menos emisiones de CO₂

Considera que «la energía nuclear, considerada en 2022 por la Unión Europea como energía verde, es clave para España y representa el 21% de su generación eléctrica, evitando la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO₂ al año y contribuyendo la reducción de los gases de efecto invernadero».

La presidenta madrileña ha mostrado su preocupación por la evolución impositiva, apuntando que «en los últimos cinco años se ha incrementado en torno al 70% la carga fiscal a las empresas para desincentivarlas y que no inviertan en energía nuclear, decisión que va en contra de la industria, el empleo, las familias y la digitalización», asegurando que, «se llega incluso a comprometer la seguridad nacional».

«En caso de cierre, España sería más dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del gas proveniente de Rusia», ha destacado reclamando emular la continuidad de dos nucleares en Bélgica, que cuentan ahora con el beneplácito de la comisaria europea Teresa Ribera y ayudas de 32.000 millones de euros para que sigan abiertas.