Según el V Informe OBS de Movilidad Eléctrica

El Gobierno paraliza 114 millones de inversión en el coche eléctrico por el exceso de burocracia

Un 20% de los puntos de recarga instalados no están operativos por retrasos administrativos

  • Andrea Aguado
  • Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.

La burocracia del Gobierno de Pedro Sánchez frena la inversión en el coche eléctrico en España. Permisos duplicados, falta de coordinación entre administraciones y demoras de hasta 18 meses en la conexión eléctrica son los culpables de que cerca de 114 millones de euros en inversión estén bloqueados por el papeleo regulatorio y los cuellos de botella en los procesos de conexión. Una situación que impide que la movilidad eléctrica avance en el mercado español al mismo ritmo que lo hacen el resto de países europeos.

Así lo desprende el V Informe OBS de Movilidad Eléctrica 2025, al que ha tenido acceso este diario, que denuncia que un 20% de los puntos de recarga instalados no están operativos por retrasos administrativos y falta de coordinación entre administraciones y distribuidoras. La transición hacia la movilidad eléctrica avanza en España, pero el progreso se atasca justo donde debería acelerarse: en el enchufe.

«Una inversión de 114 millones de euros permanece bloqueada por la burocracia regulatoria y los cuellos de botella en los procesos de conexión», recoge el informe. El informe propone un calendario claro: priorizar la activación inmediata del 20% de puntos inactivos antes de iniciar nuevas convocatorias o planes de expansión para convertir gasto improductivo en infraestructura útil.

Inversión en el coche eléctrico

España presume de un crecimiento récord en infraestructura al liderar el crecimiento en Europa en puntos instalados, con 47.519 puntos de carga pública instalados, lo que se traduce en un 52 % más que el año anterior. No obstante, el informe alerta de que sufre una de las mayores tasas de inoperatividad de la red por los efectos negativos de los permisos duplicados, falta de coordinación entre administraciones y demoras de hasta 18 meses en la conexión eléctrica.

Como ejemplo, cuando se realiza un análisis de los plazos en base a la experiencia de instalación en otros países, como es el caso de Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Austria, los plazos entre el momento en el que se pide el punto de entronque a la distribuidora hasta la puesta en marcha de la electrolinera son de entre 5-12 meses como plazo máximo de puesta en marcha. Sin embargo, en el caso de España, este proceso se eleva a 24-36 meses.

Un retraso que, según el informe, tiene un efecto negativo en el usuario, ya que cada instalación cerrada resta confianza al usuario y erosiona el mensaje de una transición en marcha. La burocracia no solo encarece los proyectos, también desincentiva a los consumidores, ya que los usuarios que no pueden confiar en encontrar un cargador operativo tienden a retrasar la compra de un vehículo eléctrico, temerosos de quedarse sin autonomía.

No inaugurar más puntos de recarga

El informe reconoce también los avances. El país ha cumplido los objetivos intermedios del PNIEC para 2025, tanto en matriculaciones como en infraestructura teórica. Pero lanza una advertencia: sin resolver los cuellos de botella, será imposible alcanzar los compromisos de 2030.

El documento alerta de que los problemas de gestión pública están erosionando el esfuerzo industrial y el apetito inversor del sector privado, que necesita certidumbre para seguir desplegando infraestructura. Ante esta situación, los investigadores del OBS proponen medidas tan básicas como urgentes: una ventanilla única para tramitar permisos, plazos máximos para la conexión eléctrica y transparencia pública sobre el estado operativo de cada punto.

«Antes de inaugurar nuevos cargadores, hay que hacer funcionar los que ya están instalados», subrayan. Es decir, menos cintas de inauguración y más gestión.