El Ayuntamiento de Cartagena víctima durante 11 años del acoso judicial de un jubilado exasesor de Movimiento Ciudadano

Marcelo Correa Pérez, representante de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR), mantiene una cruzada personal contra el consistorio que le ha llevado a presentar hasta más de 10 denuncias por diferentes temas.

La corporación municipal de Cartagena ha resistido durante más de una década a varias persecuciones políticas y presiones ideológicas, demostrando su firmeza en la defensa de sus acciones. A lo largo de este periodo, el ayuntamiento ya se ha enfrentado en los tribunales a otros cinco pleitos en referencia a la gestión del servicio de agua potable de Cartagena, todos ellos desestimados o archivados. Ahora se vuelven a encontrar con la enésima denuncia sobre el mismo tema.

Todos estos recursos tienen algo en común que llama la atención y es que han sido presentados por Marcelo Correa Pérez, como representante de la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (ASEPUCAR) o el exalcalde de Cartagena entre 2015 y 2017 por Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), José López Martínez.

Marcelo Correa, el que fuera asesor de MC Cartagena en el periodo 2011-2015, ha emprendido hace años una cruzada personal y judicial contra las decisiones que adopta el Ayuntamiento de Cartagena, denunciando por presuntas irregularidades muchas de las políticas adoptadas por el ente municipal. En los últimos años, el consistorio ha recibido más de una decena de pleitos de esta persona, denunciando varias decisiones tan dispares como la concesión del servicio de agua, la adjudicación del contrato de jardines o el alquiler del suelo del antiguo vertedero municipal.

En esta ocasión, la nueva denuncia, que esta vez apunta a presuntas irregularidades en la implantación del canon de saneamiento, se ha presentado ante el Tribunal de Cuentas. Esta denuncia, que es la sexta que se presenta, se encuentra en estos momentos en fase de diligencias preliminares por parte del Departamento Segundo de Enjuiciamiento, quien decidirá si la admite a trámite o la desestima. Cabe recordar que las cinco anteriores fueron desestimadas. Los denunciantes son la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena y la Organización de Usuarios y Consumidores de agua de Cartagena (AGUAIURIS), liderada por la abogada Pilar Esquinas Rodrigo.

El Tribunal de Cuentas ha recabado las alegaciones del Ayuntamiento de Cartagena y la contestación a estas de parte de los denunciantes el pasado 8 de noviembre. La denuncia abarca las liquidaciones anuales y la gestión de las fianzas y contratos para todo el período entre 2002 y 2022. En el lapso en la cual se centra la denuncia, el consistorio cartagenero fue gobernado alternativamente por el Partido Popular, el PSOE y Movimiento Ciudadano de Cartagena.

El consistorio, tranquilo ante la denuncia

El Ayuntamiento de Cartagena se defiende alegando que los hechos denunciados pasaron en su momento por el filtro jurídico y todos ellos fueron declarados legales y conforme a derecho.

A dicha denuncia presentada en los últimos días le han precedido otros cinco intentos. Los primeros se presentaron ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena, pero todos ellos fueron archivados o desestimados. Tras este varapalo, ASEPUCAR decidió llevar la denuncia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) la cual fue inadmitida a trámite por falta de legitimación de la denuncia.