Óscar López enloquece: equipara a Ayuso, sin una sola imputación, con Ábalos, condenado a 24 años de cárcel

El ministro Óscar López ha equiparado este martes a Isabel Díaz Ayuso con José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de cárcel por corrupción. «El que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso», ha afirmado López, ignorando el abismo jurídico que separa ambas situaciones: mientras Ábalos entra en prisión tras una sentencia firme, Ayuso no está imputada, no está investigada ni ha sido llamada a declarar por ningún tribunal.

La diferencia es tan radical que la equiparación resulta difícil de sostener. Ábalos ha sido declarado culpable por unanimidad de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

El Supremo ha considerado probado que utilizó su cargo de ministro de Transportes para enriquecerse a través de una red de contratos irregulares durante la pandemia, en connivencia con su asesor Koldo García —condenado a 19 años— y el empresario Víctor de Aldama. Es la mayor pena impuesta a un ex ministro en la historia de la democracia española, superando en más de trece años la condena a Eduardo Zaplana. El tribunal ha fijado además su ingreso inmediato en prisión dada la gravedad de los delitos.

López ha completado su argumentario con una acusación directa al PP: «En el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia; todavía estamos esperando que se actúe en el PP». Una afirmación que obvia que el partido nunca reconoció públicamente su responsabilidad en los hechos probados por el Supremo. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó ayer la condena de «desproporcionada», y Sánchez evitó cualquier valoración pública durante el acto en el que intervino el lunes.

La maniobra de López no es nueva en el argumentario socialista. Ya la semana pasada calificó a Feijóo de «cobarde» por no denunciar lo que llamó «el pozo de corrupción de Ayuso», en unas jornadas del PSOE madrileño. Pero adquiere una dimensión especialmente llamativa el día después de que el Supremo haya dictado su fallo contra el que fue secretario de Organización del partido.

La estrategia es clara: extender el manto de la corrupción hacia el PP para amortiguar el impacto político de una sentencia devastadora, equiparando lo incomparable y convirtiendo a una presidenta autonómica sin cargo judicial alguno en el equivalente de un ex ministro condenado a casi un cuarto de siglo de prisión.