La jefa de Gabinete de Escrivá y su marido dejaron un agujero de 100.000 € en Torrelodones

Elena Biurrum, la actual jefa de Gabinete de José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, y su marido, Santiago Fernández, han dejado un agujero de 100.000 euros en el Ayuntamiento de Torrelodones cuando eran alcaldesa y concejal de Urbanismo, respectivamente.

En el mandato municipal que acabó hace un año, en el que el partido independiente Vecinos por Torrelodones gobernó con mayoría absoluta, el edil de Urbanismo dio orden de devolver 100.000 euros a un proveedor saltándose varios procedimientos y haciendo oídos sordos a dos sentencias en contra. Fernández actuó de forma «irregular» y ha provocado «un perjuicio patrimonial de más de 100.000 euros a las arcas municipales», según denuncia el PP.

La nueva Corporación local se ha visto obligada a convocar una sesión extraordinaria del Pleno en los últimos días para revertir la situación. Así, el Ayuntamiento de Torrelodones ha declarado la «lesividad» de esa operación orquestada durante el mandato de la actual mano derecha del ministro José Luis Escrivá. Se emplea así un instrumento contemplado por la Ley para que las administraciones públicas puedan anular aquellos actos dictados por sí mismos que perjudiquen al interés público.

Todo comenzó en marzo de 2019 cuando, tres meses antes de las elecciones, el equipo de Gobierno publicó una resolución para devolver un aval por algunos incumplimientos del contrato. «El concejal, abanderado de la eliminación de las puertas giratorias y ahora analista de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que lideraba Escrivá), basó su actuación en un sorpresivo informe de un técnico de su departamento que, pese a reconocer que no se habían ejecutado correctamente las obras, recomienda la devolución del aval de más de 100.000 euros», exponen desde el grupo municipal del PP.

El mencionado edil de Urbanismo usa esa recomendación de una persona de su confianza para justificar «la devolución del citado importe pese a la existencia de dos sentencias que obligaban al Ayuntamiento a no devolver el aval a la empresa constructora». Por ello, el PP exige «la depuración de responsabilidades y que se llegue a las últimas consecuencias frente al perjuicio que este concejal ha ocasionado al Ayuntamiento».

El secretario municipal plasmó de forma «demoledora», según la oposición, lo irregular de la decisión: «Pese a sentencia firme y a que al aval ha sido ejecutado, se acuerda la devolución del aval a Destajos S.A.». Además, la falta de la fiscalización obligatoria del Interventor Municipal es un «quebrantamiento de la normativa aplicable, que conlleva la posibilidad de anular el acto administrativo», denuncia el PP.

«Esta ausencia de trámite tiene un efecto trascendente en el expediente porque permite que se adopte un acuerdo que contraviene el ordenamiento jurídico y provoca graves daños a la administración pública», ahondan desde el PP para agregar que «no es la primera vez que el citado concejal utiliza informes ad hoc realizados por técnicos de su dependencia para justificar sus actuaciones. En algunas ocasiones, incluso fechados con posterioridad a ejecutar las decisiones».

El PP asegura que esta irregularidad se suma a otras. Recuerdan cómo la Cámara de Cuentas corroboró las mismas en el único año que fiscalizaron del mandato de Elena Biurrun. En dicho equipo de Gobierno estaba su marido y concejal de Urbanismo (segundo teniente de alcalde), así como, Ángel Guirao, anterior concejal de Comunicación, que actualmente es asesor en el Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.

«Este es un nuevo capítulo de la herencia recibida de sus compañeros de partido por el nuevo equipo de Gobierno, que se suma a los de la gestión de recogida de basuras, la inacabable obra de la Caja de Cultura, la detención de las obras de Prado Grande, el campo de rugby no homologable, la pista de atletismo que no se sabe utilizar, el plan de reducción de CO2 que quedó en nada, el cambio de criterio en la gestión de fauna salvaje y el PGOU paralizado desde hace años», señala la oposición.

Versión del Ayuntamiento

Por su parte, la actual Corporación, liderada por el alcalde Alfredo García-Plata Fernández (Vecinos por Torrelodones), defiende que se trata de un mero «error administrativo que esta administración lamenta y está tratando de subsanar, utilizando el procedimiento jurídico adecuado para estos casos (la declaración de lesividad)».

Fuentes municipales sostienen que aún «no se ha materializado la devolución de aval ni se ha producido desembolso alguno por parte de la tesorería municipal y que por tanto los fondos continúan depositados en la tesorería municipal». Aunque el agujero está ahí, porque la empresa reclama el dinero que el concejal había comprometido, el Gobierno local resta importancia a este ‘roto’.

Por último, sin referirse a las sentencias que esgrime el PP, subrayan que «la resolución que ahora se trata de corregir contó con la aprobación de servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, fue precedida de un informe técnico, firmada también por los servicios jurídicos y refrendada finalmente por el entonces concejal de urbanismo».