El Gobierno pide a Almeida cortar 23 árboles en la Moncloa después de criticar las talas en Madrid

El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que tale 23 árboles en el complejo del Palacio de la Moncloa. Esta petición, del todo rutinaria, pasaría desapercibida si no contrastase con las recientes críticas que el PSOE ha lanzado contra el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida por autorizar otras talas en Madrid. La misma portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, llegó a enviar una carta a la Unesco para que el alcalde Almeida no autorizase las talas «ilegales» en el Paisaje de la Luz de la capital. Ahora bien, el PSOE nunca se ha pronunciado sobre los 2.100 árboles que el Gobierno ha autorizado talar en la A-5 y tampoco sobre los que quieren cortar en Moncloa.

No sólo eso, sino que el Ministerio de la Presidencia, órgano que ha enviado la instancia al Ayuntamiento para autorizar la tala en el palacio presidencial, no ha encargado la evaluación del arbolado a una entidad pública, sino que lo ha delegado en una sociedad anónima, la mercantil Valoriza Servicios Medioambientales. Esta macro empresa fue adquirida por el banco de inversión americano Morgan Stanley por 420 millones de euros. Detalle que a todas luces desentona con la ideología socialcomunista del actual ejecutivo.

Esta empresa encargó a un equipo de dos técnicos de inventario que realizasen un estudio de campo para geolocalizar y analizar cada ejemplar ayudándose de una cartografía inicial georreferenciada con teledetección a partir de ortofotos de satélite actualizadas, y realizando un posicionamiento topográfico de los ejemplares. Finalmente, dictaminaron que existen 23 árboles que deben ser talados por encontrarse en malas condiciones. En concreto, entre las especies que serán taladas se encuentran tuyas del Canadá, magnolias grandifloras, pinos piñoneros, cedros atlánticos, tejos comunes, sóforas, manzanos silvestres, lilas de las Indias y castaños de Indias. En total ocupan una superficie de más de 30 metros cuadrados.

El presupuesto para la tala es de 901,44 euros y correrá a cargo del Ministerio de la Presidencia, que en la solicitud ha especificado que dicha labor tendrá un plazo de ejecución de 3 meses en cuanto el Ayuntamiento de Madrid dé el visto bueno.

Críticas del PSOE

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, envió el pasado mes de enero una carta a la Unesco pidiendo su intermediación para que el alcalde Almeida no autorizase las talas «ilegales» en el Paisaje de la Luz de Madrid.

«Ante la falta de acción política el Grupo Municipal Socialista toma la iniciativa porque nos preocupa el impacto negativo de las obras de prolongación de la línea 11 y que se pierda la declaración de patrimonio mundial que tiene el Paisaje de la Luz», explicó durante una rueda de prensa celebrada el pasado 25 de enero.

Ante estas críticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respondió en el pleno del Ayuntamiento del 29 de enero que Maroto buscaba «denigrar la ciudad». Además, instó a la portavoz socialista a que se pronunciase sobre la tala de 2.100 árboles que el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó para ampliar la A-5. Este detalle es esclarecedor, pues, desde el PSOE no se han pronunciado sobre las talas autorizadas por el Gobierno central y sí sobre las que dependen del Ayuntamiento de Madrid.

En esta misma línea, Almeida invitó, durante una rueda de prensa celebrada el pasado 1 de febrero, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a fijar un criterio sobre las talas de arbolado en la capital por obras del Gobierno central y dejar de criticar solo las que competen al Ayuntamiento capitalino. También pidió huir de criterios partidistas cuando se trata de «infraestructuras necesarias» para la ciudad.

«No hay árboles ni de izquierdas ni de derechas, ni árboles del PP ni árboles del PSOE y, por tanto, las afecciones al arbolado no se pueden juzgar con criterios partidistas», subrayó en declaraciones a los medios.

Al hilo, remarcó que hay «no menos de 10 actuaciones previstas por el Gobierno de España para la tala de árboles en la ciudad de Madrid» sobre las que el Ayuntamiento todavía está «a la espera de la opinión de la vicepresidenta Rivera», a la que llamó a fijar un criterio sobre las mismas.

En este sentido, recordó que la vicepresidenta Ribera se reunió con las asociaciones de vecinos que están afectadas por el arbolado en el ámbito de las obras de la Línea 11 y le ha invitado a hacer lo propio con las asociaciones de vecinos que se van a ver afectados por la tala de 2.100 árboles en la ampliación de la A-5.

Carta a Teresa Ribera

Almeida envió el pasado 15 de enero una carta respondiendo a la ministra sobre la polémica en torno a las talas de árboles en Madrid. En su misiva el regidor defendió que Madrid ha sido elegida como la «ciudad arbórea del mundo» durante cuatro años consecutivos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, le dijo que «vista su preocupación» se replantease también las talas que el Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado en Atocha. Unos árboles sobre los que el ejecutivo socialista no se ha quejado.

«Actualmente, tenemos pendiente una solicitud de ADIF para talar 270 árboles más en el entorno de Atocha, por lo que, vista tu preocupación, te rogaría que nos trasladaras tus consideraciones al respecto con carácter previo a cursar la correspondiente autorización; y procederemos de este modo, para mejor coordinación, con todas las solicitudes de autorización de tala que nos lleguen procedentes de la Administración del Estado», advirtió Almeida a Ribera.

Además, argumentó que todas las iniciativas que desarrolla el consistorio en materia de arbolado «dan cumplimiento a la normativa de la Comunidad de Madrid», que, como explicó en la carta, «prevé soluciones específicas cuando la ejecución de infraestructuras necesarias para la ciudadanía puede afectar al arbolado de la ciudad». En este sentido, recordó que en los últimos años se han producido «1.193 talas en la ciudad de Madrid como consecuencia de la ejecución de infraestructuras de competencia estatal».