El Gobierno socialista de Móstoles llamado a declarar en bloque como imputado por perdonar deudas

El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha llamado a declarar en calidad de investigados a todos los miembros del Gobierno municipal de la localidad, liderado por la socialista Noelia Posse. Se trata del caso ITV que investiga la condonación de deudas a empresas. Tal como figura en la providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la magistrada María Pinto cita a todos los ediles del Ejecutivo mostoleño para los días 16 y 28 de febrero de 2022. Cada uno a una hora diferente. La alcaldesa ya declaró en el marco de esta causa. No obstante, la jueza quiere conocer más versiones sobre los hechos investigados.

Como publicó OKDIARIO, la Cámara de Cuentas de Madrid ya abrió una investigación a este Gobierno local por perdonar impuestos municipales a varias empresas del municipio. Previamente, la Intervención del Ayuntamiento denunció estas prácticas.

El informe demoledor de la Intervención señalaba que al menos 15 empresas locales podrían estar involucradas en el caso. El interventor apuntó que el Consistorio de Posse no reclama estas deudas tributarias a compañías que llevan a cabo su actividad en el municipio. Avisaba que podrían ser más sociedades ya que se ha inspeccionado una muestra aleatoria. «El responsable de control financiero ha seleccionado una muestra de 15 expedientes de cobro de cánones por concesiones administrativas con contraprestación periódica, con el objetivo de verificar su cumplimiento», dictaminó el interventor.

De esta forma, el Ayuntamiento mostoleño, en distintas legislaturas, habría eximido de pagar los impuestos y cánones que les correspondían a estas empresas. Había, según ese informe, una «pasividad» total del Ejecutivo local en la reclamación de las cantidades, a pesar de que «la Junta de Gobierno Local no ha aprobado, obviamente, la compensación de deudas».

Además, el interventor alertó de que igualmente «no consta resolución o acto administrativo para la paralización o la suspensión del procedimiento de cobro de dichas deudas». Agrega que «dicha suspensión, por tanto, se habría producido por la vía de hecho, mediante la paralización manual de los procedimientos de recaudación parametrizados en la aplicación informática de gestión tributaria utilizada para la liquidación y cobro de cánones».

Tribunal de Cuentas

Por otra parte, según ha podido saber OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas también ha entrado en el asunto. La Sección de Enjuiciamiento número 2 ha emitido una diligencia por la que, en noviembre del año pasado, dio «traslado del escrito del Interventor al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento de Móstoles a fin de que en el plazo común de 5 días puedan formular alegaciones». Todo ello para estudiar «el archivo de las presentes actuaciones o del nombramiento de delegado instructor para la práctica de las diligencias previstas».

Así, se investiga una especie de amnistía fiscal a empresas como, por ejemplo, una ITV que entre 2013 y 2018 debía haber pagado más de un millón de euros. No obstante, por la «deficiente gestión del cobro de los cánones anuales por parte del Tesorero municipal» se han quedado sin cobrar. El interventor indica de que la deuda puede prescribir y señala que el tesorero municipal propuso reducir el canon anual de 147.000 a 60.000 euros y condonar la mitad de la deuda, además de no exigir intereses de demora.

Críticas de Más Madrid

Por su lado, el grupo municipal de Más Madrid Móstoles –que apoyó la investidura de Posse– exigió el «cese fulminante» del director general de Tributos del Ayuntamiento de Móstoles por «presuntas graves irregularidades» en «amnistías fiscales a medida a varias empresas privadas».

Desde Más Madrid Ganar Móstoles remarcan que, el informe de control financiero detecta «una falta sistemática del pago de las obligaciones tributarias y económicas de diversas empresas afincadas en el municipio, con concesiones demaniales suscritas con el Ayuntamiento de Móstoles».

El portavoz errejonista, Gabriel Ortega, tacha los hechos de «muy alarmantes». Consideran «acreditado» que «el director general de Tributos impidió que estos pagos pasaran a recaudación ejecutiva, lo que constituye un flagrante trato de favor a intereses de terceros». Así, sostiene que el director general «no puede seguir ni un minuto más como responsable de la recaudación de tributos de este ayuntamiento, pues no protege debidamente el interés general», por lo que ha solicitado en el propio Pleno «su cese fulminante».

Versión municipal

Desde el Gobierno municipal rechazan los hechos. «Se trata de una querella política, todo lo que se hizo se hizo siguiendo las recomendaciones de los técnicos para salvaguardar los empleos y garantizar que al menos el Ayuntamiento cobrase una parte de lo adeudado», señalan fuentes oficiales.