La Fiscalía acusa al Gobierno ‘progresista’ de violar los derechos de 300 inmigrantes a los que desahució

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que el Gobierno de Pedro Sánchez vulneró los derechos de los inmigrantes ilegales desalojados el pasado enero de un centro de acogida de Alcalá de Henares -dependiente del Ministerio de Inclusión- y ha pedido que se declare contrario al erecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral que se abandone a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad.

El Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED) comenzó el pasado mes de enero con la expulsión de usuarios sin «darles alternativas más que acabar en la calle». Los fiscales actúan a raíz de una demanda de la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en el que se denunciaba que en enero de 2024 el Gobierno había desalojado de un centro de acogida y derivación de Alcalá de Henares a un grupo de inmigrantes en situación administrativa irregular y especial vulnerabilidad, quedando en estado de alegalidad y abandono.

Tal y como apuntaba dicha asociación, los procesos de alta y baja en un servicio público «deben ser siempre sometidos a un pie de recurso a los efectos de evitar el desamparo de la persona usuaria, máxime cuando ésta se encuentra en situación de vulnerabilidad». Una vulnerabilidad que, según resalta la asociación, reconocía el propio Ministerio en «la contratación derivada de la emergencia que habilita la creación de los centros y su reubicación en la península».

La Fiscalía entiende que dicha expulsión generó «una situación de riesgo relevante de lesión» a las personas a las que se dejó,» pese a su situación de especial vulnerabilidad, en situación de abandono y alegalidad, sin alojamiento, atención, seguimiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas». Expone el fiscal que, según el recurso de Red Española, el pasado 23 de enero se procedió a «expulsarlos», «sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España, información básica al respecto de sus derechos o cualesquiera otra consideración».

Tampoco se les proporcionó medio alguno de subsistencia o solución habitacional «y aún menos vías para la capacitación laboral tendente a su integración», ni una derivación a los servicios sociales de referencia «en el ámbito municipal (Ayuntamiento de Alcalá de Henares) o competente en materia de servicios sociales y personas migrantes (Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid)».

La plataforma, que pide que se revierta la situación creada, ha optado por la modalidad procesal de amparo judicial de las libertades y derechos, regulada por los trámites del Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. En ese marco, la Fiscalía respalda que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral, el abandono por la Administración Pública, de personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad, «a quienes se deja sin atención, seguimiento, alojamiento ni medios legales para poder satisfacer sus necesidades vitales básicas».