Feministas hartas de Montero impulsan un nuevo partido: «Han tergiversado el feminismo»

Algo se mueve en el feminismo. Las mujeres que participan del Movimiento Feminista de Madrid y de otras corrientes históricas ponen pie en pared contra Irene Montero. Están impulsando el Partido Feministas al Congreso (PFAC). En las últimas horas, han enviado una comunicación a 36 organizaciones Feministas con la propuesta de crear una Alianza Feminista que permita la llegada de esta formación política al Congreso de los Diputados.

«Queremos evitar un triunfo electoral conservador y apostamos por un Gobierno progresista, pero que sea muy diferente del actual, ajeno a la ideología y a las propuestas de cambio feministas», señalan. Piden que el Gobierno de Pedro Sánchez no esté «apoyado por socios carentes de esa misma formación ideológica, que han tergiversado el discurso ético y político defendido por el Movimiento Feminista».

Replican directamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que afirmó recientemente que el Congreso de los Diputados tiene actualmente «una mayoría feminista». Esta formación política, que ya fue inscrita en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, asegura que «es falso que tengamos una mayoría parlamentaria feminista». «Si la hubiéramos tenido las reclamaciones al Ministerio de Igualdad, durante toda la legislatura, para que creara la Comisión Interministerial de Igualdad y realizara las labores de coordinación que le compete, habrían sido constantes, incluso desde dentro del propio Gobierno», lamentan.

Tal como ha podido comprobar este periódico, el registro se realizó en abril de 2022 en Pozuelo de Alcorcón. La presidenta, según la ficha oficial, es Pilar Aguilar, una ensayista, investigadora, profesora, escritora y crítica de cine y televisión feminista nacida hace 77 años en Siles (Jaén).

Agregan que el Ejecutivo ignora sistemáticamente sus peticiones. «Esa reclamación la hemos hecho desde fuera del Parlamento y ha sido continuamente desoída. Por eso fundamos el partido PFAC, pero esa fundación es muy reciente y nuestro peso político aún no nos permite presentarnos en solitario a las elecciones», indican. No obstante, se ponen manos a la obra para quitar la bandera feminista a Unidas Podemos, al PSOE y otras propuestas electorales con una nueva papeleta en las urnas.

«Es prioritario que exista una propuesta política feminista que rescate el voto que o se va a quedar en abstención, o se incorporará a un programa político que, aunque sea progresista, no va a recoger las propuestas de cambio estructural que el activismo feminista lleva mucho tiempo reclamando», comentan en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Sostienen que «esta legislatura es una muestra de lo que tendremos si no conseguimos configurar una fuerza política con poder de negociación para garantizar la gobernabilidad de un Gobierno progresista, a cambio de que nuestras propuestas tengan asegurada su inclusión en los planes de Gobierno».

Trans

Esta formación ya trasladó otra petición en los últimos meses. Presentaron un escrito en el Congreso para instar la paralización del trámite parlamentario de la Ley Trans, así como su posterior archivo. La formación acusa al Ministerio de Igualdad de enviar a las Cortes un texto «fraudulento» que no es el mismo que aprobó el Consejo de Ministros. Sin embargo, de poco sirvió porque el equipo de Irene Montero, por ahora, se ha llevado el gato al agua y ha sacado adelante esta norma.

Feministas al Congreso afearon que la ley está «viciada de nulidad de pleno derecho» porque el Ministerio de Igualdad actuó «con falta de sometimiento a la ley» y «falta competencia» usurpando las funciones del Consejo de Ministros, al presentar como Anteproyecto de Ley, un texto distinto del aprobado por el Ejecutivo. Pero también «porque lesiona los derechos fundamentales de la ciudadanía». Así, denuncian que, por un lado, esta ley «viola los derechos de las mujeres, menores, homosexuales y personas con incongruencia de género y sus familias», al abolirse la categoría jurídica «sexo». También, en su entender, «viola los derechos y libertades fundamentales de expresión, opinión, información, ideología, cátedra, reunión y asociación» con sanciones por «delitos de odio por transfobia y discriminaciones varias», multas de hasta 150.000 euros por criticar, discrepar o tener ignorancia sobre la identidad de género.