Los funcionarios de prisiones denuncian que Interior ordena verbalmente no dar permisos para votar el 4M

• Alfonso Egea @Alfonso_Egea
• Jefe de Investigación en OKDIARIO. Anteriormente fui responsable de la sección de Actualidad y Sucesos en Espejo Público, en Atresmedia. He publicado cuatro libros y actualmente colaboro en programas de televisión en Mediaset y en Telemadrid. Agradecido por tener el reconocimiento de la Policía Nacional de Madrid y la medalla al mérito de la Guardia Civil.
• • 01/05/2021 06:52
  • Actualizado: 18/09/2024 10:58

“Sin permiso para votar a los trabajadores de prisiones en Madrid”. Así de contundente se mostraba la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en un anuncio en el que denuncian una presunta irregularidad en materia del derecho a voto de los funcionarios de prisiones de cara a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo martes 4 de mayo.

Lo que más llama la atención de esta denuncia es que hacen referencia a una orden verbal reiterada en varios centros penitenciarios y revelada por varios trabajadores. La orden en cuestión sería la prohibición de permisos para salir de la cárcel a votar a los trabajadores que no hagan turno de mañana y tarde el día de las elecciones.

El argumento de la Secretaría General debe ser, y decimos debe precisamente porque no hay constancia por escrito, que los trabajadores que hagan jornadas de 8 horas pueden ejercer su derecho a votar antes o después de su jornada laboral. Sólo se concederán permisos a aquellos funcionarios de prisiones que doblen jornada, o sea, que trabajen mañana y tarde de manera consecutiva empalmando dos días de trabajo en uno.

Al parecer esta práctica, la de doblar jornadas, es propia de determinados puestos de trabajo dentro de las prisiones. De hecho, fuentes penitenciarias consultadas por OKDIARIO aseguran que el personal de oficina suele hacer ese turno doble para así generar un día libre a la semana, que suelen disfrutar los viernes. El próximo 4 de mayo esa práctica, según las mismas fuentes, queda verbalmente prohibida, al igual que la concesión de permisos retribuidos.

Lo de no permitir que el 4 de mayo se doblen turnos puede ser interpretado como una medida al arbitrio de la dirección de cada cárcel, pero según denuncian las asociaciones se ha repetido en todos los centros de la Comunidad de Madrid, lo que da que pensar que estaríamos ante una instrucción generalizada.

Sin embargo, la orden de no dar permisos es mucho más grave porque contraviene la resolución de 24 de marzo de este año en el que precisamente se regulan esos permisos retribuidos para facilitar la votación de los trabajadores cuyos horarios coincidan con la apertura de las mesas electorales.

La situación es incluso peor que en citas electorales pasadas ya que éstas se celebran en jornada laboral, un martes, y se estaría hurtando el derecho a permisos de hasta 4 horas que según esta orden ahora el trabajador debe sacar de su tiempo libre.

El hecho de que se prevean permisos de hasta 4 horas de duración en la Ley precisamente se debe a que los trabajadores no pueden prever si podrán o no dedicar su tiempo libre a votar por algún problema o incidencia. Con esos permisos la normativa se anticipa a coyunturas como distancia del centro de trabajo al colegio electoral, lugar de residencia, problemas familiares o cualquier otro tipo de improviso.

Esta decisión ha corrido como la pólvora entre los trabajadores penitenciarios y tanto CSIF como la asociación sindical de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar han instado a cualquier trabajador al que se le deniegue el permiso a protestar ante la Delegación del Gobierno de Madrid, La Junta Electoral correspondiente a su zona y el Ministerio del Interior.

Por su parte, las asociaciones profesionales ya han trasladado el caso a sus abogados para que determinen si esta orden verbal atenta contra los derechos de los funcionarios como ciudadanos con derecho a voto. Si así lo fuera aseguran que se tomarán medidas legales para perseguirlo.

No ha ocurrido en otras elecciones

Además, OKDIARIO ha querido saber cómo se ha resuelto esta situación en otros comicios, y lo averiguado es sorprendente: en otras elecciones, lo que se limitaba a través de las direcciones de cada centro, y ojo, por escrito, era estipular los turnos de votación para que el servicio no quedara mermado. Es decir, coordinar al personal de la cárcel para establecer franjas horarias retribuidas acorde a la Ley pero que no todos salieran a votar al mismo tiempo para que la prisión continuara atendida.

Además, se seguía respetando la práctica de doblar turnos, y se hacía también pactando con los trabajadores interesados en generar un día libre que votaran por correo para no depender de permisos en la jornada electoral.

Algunos funcionarios de prisiones han recibido ya respuesta por escrito de sus respectivos penitenciarios denegando el permiso retribuido para votar escudándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaba un permiso similar por compatibilidad horaria. Es curioso que esgriman esa sentencia cuando en la propia norma hecha al efecto de estas elecciones ya se indica que quien trabaje, por ejemplo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde tiene hasta las 9 de la noche para votar.

Pero siguiendo ese ejemplo, según la disposición del pasado mes de marzo, todo trabajador cuyo horario laboral coincida con la apertura de mesas electorales en dos o más horas tendrá hasta cuatro horas de permiso retribuido para votar. O sea, que para quien trabaje de 9 a 3  debería tener derecho, por ley, a ese permiso.

El asunto es saber por qué esta vez no se permite a ningún trabajador doblar jornada justo en esta cita electoral. Los servicios jurídicos de los sindicatos no descartan tomar acciones legales cuando calibren el alcance legal de esta decisión.

La situación ha causado honda preocupación por sus consecuencias y la cantidad de trabajadores de prisiones afectados. El cambio de política para las jornadas electorales de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias no tiene precedentes, y según fuentes consultadas por este diario, afectaría a cerca del 65% de la plantilla de trabajadores penitenciarios de las cárceles de la Comunidad de Madrid, entre 2.500 y 3.000 empleados cuyo derecho a voto está ahora mismo en el aire.