El alcalde de Hoyo de Manzanares aprueba una ordenanza para facilitar un pelotazo urbanístico a su hija
La Comunidad de Madrid ha llevado ante el juez una maniobra del alcalde para posibilitar esa operación inmobiliaria
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El alcalde socialista de Hoyo de Manzanares, Julián Carrasco, ha aprobado una ordenanza para facilitar un pelotazo urbanístico a su propia hija. La nueva norma permite a la hija de Carrasco segregar una parcela en tres partes. Y, con el dinero que obtendrá con dos de las viviendas, podrá financiar la tercera a un precio muy económico. La Comunidad de Madrid ha llevado el asunto a los tribunales.
La Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha procedido a plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia contra la última maniobra del alcalde: un acuerdo del Pleno municipal en enero por el que se rechaza el requerimiento de la Comunidad para frenar esta ordenanza. De esta forma se va contra esa Ordenanza del Espacio Interpuesto para Segregaciones y Divisiones Parcelarias en Suelo Urbano de Hoyo de Manzanares, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en octubre.
El grupo municipal del PP en Hoyo de Manzanares también ha presentado otro recurso contencioso-administrativo en la misma instancia para frenar la operación. Fuentes del PP consultadas por OKDIARIO remarcan que el propio alcalde, ante el empate en el Pleno, con su voto de calidad, rechazó personalmente el requerimiento de la Comunidad para anular esta polémica ordenanza urbanística que a la postre facilitará pelotazos urbanísticos como el que prepara la hija del primer edil, que ya ha solicitado la segregación de su parcela en tres partes. En lugar de abstenerse a la hora de votar, inclinó la balanza a favor de los intereses de su familiar.
En esta línea, el PP también pide tumbar la aprobación en Junta de Gobierno Local de la licencia de segregación de la parcela adquirida por la hija del alcalde con el nuevo contexto legal. Esta vecina pretende obtener tres parcelas edificables al aplicar la ordenanza, cuya anulación exigió tres días antes el director general de Urbanismo.
Naturaleza
La sucesión de hechos es muy clarificadora. El 2 de febrero de 2022, la hija del alcalde, tras adquirir la parcela junto al suelo de especial protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, solicita del Ayuntamiento que preside su padre se le conceda licencia de segregación que no se ajusta a la Ley del Suelo de la Comunidad ni a las Normas Subsidiarias del Consistorio.
Con la finalidad de posibilitar la licencia de segregación, se elaboró y tramitó ad hoc una ordenanza urbanística reguladora de divisiones parcelarias en suelo urbano en septiembre. Así, en diciembre la hija de Carrasco presentó una nueva solicitud ya con la nueva norma municipal en vigor.
Recurso
A los pocos días, por resolución del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, se requiere al Ayuntamiento que anule la ordenanza urbanística citada por no ajustarse al procedimiento de modificación puntual de dichas normas. Notificado el Ayuntamiento, el alcalde no lo comunica al Pleno, que es el órgano competente para ese asunto, sino que convoca el 19 de diciembre de 2022 a la Junta de Gobierno para aprobar la licencia de segregación solicitada por su hija aplicando la nueva ordenanza. Finalmente, en 18 de enero de 2023 el alcalde lleva al Pleno el requerimiento de anulación, que es desestimado con su voto de calidad.
«Por todo lo expuesto y en aras de no perjudicar a los vecinos con las malas decisiones del alcalde y su equipo de gobierno, el PP presenta también una moción al pleno para la aprobación de la convocatoria en las próximas horas de un pleno extraordinario urgente en el que se admita el requerimiento de la Comunidad de Madrid y se anule de inmediato la ordenanza», exponen desde el equipo de la candidata Victoria Banderas.
El PP considera «conveniente y necesario» para el desarrollo del municipio aprobar «una ordenanza que regule la segregación y división parcelaria en suelo urbano, pero de forma ajustada a la ley y normas vigentes y siempre de la mano y con la aprobación del organismo competente y superior que es la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid».
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