La trama empresarial de la ‘operación Térmyca’ controla 120 municipios y factura 15 millones al año

La operación Térmyca, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, practicó este martes registros y detenciones en ocho municipios vinculados con dos empresas: Efial Consultoría y CGI. Ambas compañías tejieron una red de empresas públicas paralelas con las que desviaban fondos públicos operando al margen de los interventores municipales.

Los investigadores no han establecido aún el nivel y la cuantía total de este fraude. Hay dos hechos que pueden hacer que su volumen sea equiparable a casos de corrupción como la Púnica: esta red tiene como clientes a más de 120 municipios españoles y factura al año casi 15 millones de euros.

La consultora Efial, propiedad de Antoni Martos, se dedicaba especialmente a descargar de tareas administrativas a los ayuntamientos tejiendo una red de empresas públicas que actuaban paralelas a la administración y que escapaban de la labor supervisora de los interventores municipales. Esta empresa comenzó su expansión en Cataluña pero luego, al ser absorbida por CGI, dio el salto al resto de España. Ayuntamientos como los de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra, Chinchón (Madrid), Trillo (Guadalajara); y Tortosa, Ascó, Vandellós y L’Ametlla de Mar (Tarragona) se encuentran bajo la lupa de los investigadores, pero la trama corrupta tenía como clientes a 120 consistorios.

Esta trama, que según la investigación de Anticorrupción tenía como labor crear redes paralelas en torno a los ayuntamientos para saquear fondos públicos, suele ser contratada por los consistorios, paradójicamente, para cobrar sus tributos y ganar en eficiencia en la caza de morosos. De esta manera, el ayuntamiento descargaba de esta tediosa labor administrativa a sus funcionarios. El grupo empresarial investigado se jactaba de incrementar hasta en un 53% la recaudación ejecutiva de un ayuntamiento.

Empresas públicas carentes de actividad

La realidad es que, según  Anticorrupción, «a lo largo de la investigación se ha detectado la creación instrumental y ficticia de sociedades públicas (entidades públicas empresariales de ámbito local) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada».

Las primeras sospechas partieron de ayuntamientos convergentes que amañaban contratos a cambio del famoso 3%, pero pronto se vio que el modelo catalán se había implantado en municipios de otras comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha… Pero el mapa de clientes que presumen tener estas empresa es mucho más vasto: Se halla presente en las comunidades de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Esto multiplica las sospechas de los investigadores de hasta dónde puede llegar el ‘imperio de la mordida’.

Entre los trabajos desarrollados por CGI para las administraciones incluye el servicio de cobro de multas de tráfico. No deja de ser llamativo que esta empresa preste servicios públicos, para mayor inri en el campo de la lucha fiscal, mientras mantiene una deuda cercana al medio millón de euros tanto con Hacienda como con la Seguridad Social. La ley impide contratar desde organismos públicos a empresas que incumplan este requisito.

Esta empresa, hoy investigada por crear canales de desvíos de fondos públicos que acaban en Andorra, ha gozado de tan alta reputación que participaba en un comité de auditoras en pro de la transparencia del sector público. Entre la docena de detenidos se halla uno de sus principales directivos, Antonio Martos.