El senador Juan Soler denuncia que un juez de Getafe cercano al PSOE le investiga aunque es aforado

El senador del PP y ex alcalde de Getafe, Juan Soler, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de esta localidad madrileña solicitando la nulidad de las actuaciones del denominado «caso teatro».

En este caso, el juez decano de Getafe, Francisco Javier Achaerandio, encargado de caso, investiga a varios concejales y técnicos municipales por el presunto amaño de contratos para construir un teatro de la localidad durante la alcaldía de Juan Soler. Dicho teatro finalmente no fue construido después de que los investigadores desvelaran que el empresario Julián Vegas estaba detrás de las 3 empresas que se presentaron a la adjudicación del proyecto.

En el recurso de 38 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Juan Soler denuncia que el juez «a sabiendas de su incompetencia ha practicado una serie de diligencias en relación con un aforado». «El Juez tenía pleno conocimiento de la condición de aforado de mi representado, dado que ostenta la condición de Senador en la actualidad». De hecho, así se lo advirtió la Brigada Provincial de Policía Judicial al instructor en un informe, y por tanto, la investigación tendría que estar en manos del Tribunal Supremo.

El escrito denuncia también «la relación y los vínculos» del juez Achaerandio con el PSOE. En este contexto, el recurso detalla como en noviembre de 2012, «Pedro Castro, antiguo alcalde socialista de Getafe, le entregó al Juez Instructor de este procedimiento el premio ‘A toda una trayectoria’, galardón que concedía el periódico local ‘Getafe Capital’».

«Curiosamente», añade, «en el momento en que se entregó ese premio, el editor de este medio de comunicación era Jesús Prieto, ex alcalde socialista de Getafe entre 1979 y 1983».

La defensa de Soler también pone sobre la mesa otra supuesta «vinculación» del PSOE con la investigación del senador popular en el «caso teatro». La Fiscalía de Getafe ya archivó la investigación de estos mismos hechos en abril de 2014 al entender que «no existía infracción penal alguna». La denuncia la presentó entonces, José Manuel Vázquez Sacristán, que era concejal del ayuntamiento de Getafe y portavoz del grupo municipal socialista.

En esta segunda ocasión, la presente querella que investiga el juez Achaerandio la ha presentado, Roberto Benítez, que también tuvo vinculación pasada con los socialistas de Getafe, al haber ejercido de asesor de este grupo municipal. Según el recurso, la cercanía del juez decano de Getafe con el PSOE del municipio continúa durante la alcaldía de la socialista Sara Hernández, ya que aseguran, su consistorio se beneficia de constantes «filtraciones» sobre la investigación.

«Motivos de nulidad de la instrucción»

El recurso presentado por la defensa de Juan Soler también describe «otros motivos» para pedir la nulidad de la investigación del «caso teatro» por parte del juez decano de Getafe, Javier Achaerandio.

Según el escrito, a pesar de la situación de aforado de Soler, «el juez ha preguntado durante la investigación a varios imputados» sobre el dirigente popular. Además, decretó el secreto de sumario de las actuaciones «sin justificación»: «Resulta curioso que la admisión a trámite de la querella se produce el día 5 de mayo de 2015 y el auto por el que se decreta el secreto de las actuaciones es de fecha 12 de febrero de 2016».

El recurso también recuerda que «parte de las personas que han sido investigadas no tienen su residencia en la localidad de Getafe, sino en Madrid, y el juez instructor, dio instrucciones a la policía actuante para que a pesar de no ser el competente, los detenidos no pasaran a disposición judicial de los tribunales de Madrid ciudad, sino que fueran conducidos a las dependencias de su Juzgado, a pesar de no haber sido detenidos en su término judicial».

Por último, destacan que Achaerandio ha llevado a cabo diligencias judiciales «sin la presencia, ni el conocimiento de los abogados defensores de los investigados, así como otras resoluciones judiciales sin respetar los derechos de los investigados».