El ministro Planas se niega a actuar contra el secretario de Oropesa que cobraba un plus de 6.600€ al mes

El ministro Luis Planas (que el pasado mes de mayo asumió la cartera de Función Pública, tras la marcha de Meritxell Batet) se niega a actuar contra el secretario del Ayuntamiento de Oropesa, José Luis Silvente, al que la Fiscalía acusa de sendos delitos de malversación y prevaricación.

El Juzgado número 3 de Castellón instruye la causa en la que investiga por estos delitos al ex alcalde de Oropesa Rafael Albert, el secretario José Luis Silvente y otro funcionario municipal. Por decisión del ex regidor, Silvente se embolsó el año pasado un plus de productividad de hasta 6.650 euros al mes. En total, 26.550 euros a lo largo de 2018 por este concepto.

En su denuncia, la Fiscalía señala que el ex regidor popular asignó a ambos funcionarios municipales un complemento de productividad desproporcionado e injustificado, de forma discrecional y saltándose todos los procedimientos legales.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Dirección General de la Función Pública (que ahora depende del ministro Luis Planas) abrió un expediente disciplinario al secretario de Oropesa, para esclarecer sus responsabilidades.

La Generalitat tampoco actúa contra el funcionario

Pero a continuación, dejó en suspenso el expediente, a la espera de que se resuelva la causa abierta en el Juzgado de instrucción número 3 de Castellón. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha evitado de este modo apartar cautelarmente a José Luis Silvente de su cargo de secretario del Ayuntamiento de Oropesa.

La Asociación contra la Corrupción Administrativa en el Ámbito de las Administraciones Públicas, que preside Miguel Ángel Ruiz García, ha presentado un recurso de alzada en el que pide al ministro Luis Planas que reabra el expediente disciplinario y aparte a Silvente de sus funciones, para impedir que pueda destruir pruebas o documentos oficiales que serían esenciales en el proceso judicial en el que se le investiga.

También la Generalitat de Ximo Puig ha eludido tomar medidas contra el secretario municipal al que la Fiscalía acusa de los delitos de malversación y prevaricación. En un escrito firmado el pasado 28 de octubre, el director general de Administración Local de la Generalitat valenciana, Antoni Such, argumenta que sólo adoptará medidas disciplinarias contra el funcionario si así lo solicita el Pleno municipal del Ayuntamiento de Oropesa.

El Consistorio está gobernado actualmente por la alcaldesa socialista María Jiménez, mediante un pacto con Ciudadanos (Cs). Antoni Such señala en su escrito que «en la fecha actual no hay expediente disciplinario abierto ante esta Dirección General relativo al citado funcionario» y aclara que «en los asuntos que se encuentran subiudice como el actual, el procedimiento administrativo quedaría suspendido hasta la firmeza de las actuaciones penales, de acuerdo con lo expresado en el Real Decreto 128/2018».

La interventora avisó de los pagos ilegales

Tan sólo en el año 2018, el secretario municipal José Luis Silvente cobró un complemento de productividad de 6.650 euros en el mes de julio, idéntica cifra en agosto, 4.400 en octubre, 4.400 en noviembre y 4.550 en diciembre. Es decir, tan sólo por este concepto se embolsó 26.550 euros en cinco meses. Significativamente, cobró el mayor plus de productividad en los meses de julio y agosto, que corresponde al período habitual de vacaciones de los funcionarios.

A estas cantidades hay que sumar su sueldo base (que para un funcionario del grupo A1 y nivel 30 era de 14.677 euros anuales), el complemento de destino (que ronda los 13.000 euros) y el complemento específico (que es fijado por el propio Consistorio). Todo ello en un municipio como Oropesa del Mar que tiene una población de tan sólo 8.830 habitantes.

Según la denuncia de la Fiscalía, que ya está analizando el Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón, el entonces alcalde Rafael Albert aprobó personalmente estos pagos a pesar de que la interventora del Ayuntamiento le advirtió de que estaba actuando ilegalmente.

En su informe, la interventora señalaba que el pago de este complemento carecía de cobertura legal, no había sido cuantificado de forma objetiva y prescindía de todos los procedimientos previstos por la Ley.

Contrata al abogado de Camps

Como ha informado OKDIARIO, el secretario José Luis Silvente ha pedido que el Ayuntamiento le pague los gastos de defensa en el proceso judicial en el que se le acusa de malversación y prevaricación.

Para ello ha elegido a uno de los letrados más caros de la Comunidad Valenciana, el penalista Javier Boix, que en los últimos años ha actuado como abogado del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps (logró que fuera absuelto en el caso de los trajes), del ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y del ex conseller de Cooperación de la Generalitat Rafael Blasco, acusado de desviar fondos destinados a la ayuda al Tercer Mundo.