Miembros del Govern ponen sus bienes a nombre de terceros para evitar embargos por el referéndum

El Gobierno ha detectado que, en los últimos meses, varios altos cargos de la Generalitat catalana han puesto una parte de sus bienes a nombre de terceros, habitualmente familiares, para evitar que les sean embargados por la Justicia.

Con este movimiento, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes, determinados consellers y altos cargos del Ejecutivo de Carles Puigdemont pretenden impedir que la Justicia les obligue a responder con su patrimonio por la organización del referéndum ilegal previsto para el próximo 1 de octubre (1-O).

Tal como había adelantado OKDIARIO, el Tribunal de Cuentas dictó el pasado miércoles un auto con el que inicia el procedimiento para condenar al ex presidente Artur Mas, a su vicepresidenta Joana Ortega y a los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau a pagar de su bolsillo los 5,1 millones de euros que costó la organización de la consulta ilegal del 9-N.

Los cuatro dirigentes del PDeCAT ya han sido condenados a penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos (dos años en el caso de Artur Mas y trece meses en el caso de Francesc Homs) como autores de un delito de desobediencia, ya que el Tribunal Constitucional había prohibido expresamente celebrar el referéndum ilegal.

Miedo entre los consellers de Puigdemont

Aunque la Justicia les absolvió del delito de malversación, la Fiscalía pidió al Tribunal de Cuentas que inicie el procedimiento para obligarles a devolver el dinero público gastado ilegalmente.  El Ministerio Público asumía así la petición que habían planteado Sociedad Civil Catalana y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución.

La encargada de instruir este procedimiento en el Tribunal de Cuentas es la consejera de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, que ha sido ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar y presidenta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

“Yo no tengo el dinero suficiente para responder ante cinco millones de euros, no los tengo, en absoluto”, ha alegado Artur Mas, mientras miembros de su partido lanzaban la idea de hacer una colecta entre todos los catalanes independentistas para pagar esta cifra.

La misma amenaza se cierne ahora sobre los miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont, quien ha advertido que nada impedirá su propósito de convocar el referéndum ilegal del 1-O. Buena prueba de la inquietud que existe en la Generalitat son las declaraciones del ya ex conseller de Empresa, Jordi Baiget, quien aseguró ante los periodistas que no le preocupa ir a la cárcel, pero no está dispuesto a sacrificar su patrimonio en este empeño. Fue destituido del cargo por Puigdemont apenas 24 horas después de realizar estas declaraciones.

El Gobierno cerrará el grifo del FLA

Pocos días después, Carles Puigdemont llevó a cabo una remodelación de su Govern, en la que sustituyó a tres consellers que no estaban dispuestos a firmar la convocatoria del referéndum, por temor a las consecuencias legales que puedan asumir.

Lo cierto es que el temor a que el Tribunal de Cuentas les obligue a pagar de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal ha llevado a varios miembros del Govern a poner sus bienes a nombre de terceros, para evitar ser embargados.

En la rueda de prensa del pasado viernes posterior al Consejo de Ministros, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo anunció otra medida del Gobierno para evitar la convocatoria del referéndum ilegal: si la Generalitat destina un sólo euro público a este fin, el Gobierno paralizará las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al Ejecutivo de Puigdemont. De este modo, la Generalitat podría perder más de 3.000 millones de euros.

Si llega a ocurrir así, la Generalitat tendrá serios problemas para abonar las nóminas de sus empleados públicos y para pagar a sus proveedores. El Tribunal Constitucional dictó el pasado 5 de julio una resolución en la que anula todas las partidas del Presupuesto de la Generalitat que estaban destinadas a sufragar la organización del referéndum.