Mercasa borró 10 discos duros para eliminar pruebas de los sobornos en Angola y luego los donó a una ONG

Responsables del Consorcio Mercasa Ibadesa (participado por la empresa pública del Ministerio de Agricultura Mercasa) borraron diez discos duros de varios ordenadores y los donaron a una ONG de Angola, para eliminar pruebas sobre el pago de sobornos a políticos y altos funcionarios de aquel país.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera probado que el Consorcio Mercasa Incatema (CMI) destinó al menos 17,5 millones de euros al pago de comisiones ilegales en Angola, a cambio de obtener un contrato de más de 500 millones para construir un gran mercado de abastos en Luanda.

Cuando la Audiencia Nacional ya estaba investigando estos hechos, los responsables de Mercasa pusieron en marcha una estrategia para destruir pruebas, con el fin de evitar su inculpación. En diciembre de 2016, Incatema (el socio privado del Consorcio), suscribió un contrato de «recompra de material informático en desuso» con la firma Recycling Technology SL .

La empresa contratada recibió instrucciones para llevar a cabo el «formateado a bajo nivel o destrucción física» de diez discos duros instalados en ocho ordenadores. Finalmente, estos dispositivos, que contenían evidencias de los contratos del mercado de Luanda y el pago de sobornos, fueron donados a una ONG de Angola y se perdió su rastro.

En su auto firmado el pasado 25 de noviembre, el juez De la Mata aclara que «el formateado a bajo nivel es un método de borrado que permite la eliminación de archivos de forma que su recuperación resulte imposible, lo que indica un especial interés por parte de Incatema de asegurarse de la destrucción completa de la información contenida en los mismos».

El juez instructor también ha encontrado evidencias de que los responsables de Mercasa (entre ellos, la abogada de Estado María Jesús Prieto, que se turnó con su marido en la presidencia del Consorcio) borraron correos electrónicos e intentaron reconstruir expedientes para eliminar pruebas de sus delitos.

No es el único intento de ocultación que se ha producido durante la investigación judicial. Como ha informado OKDIARIO, en diciembre de 2017 se produjo un robo en la sede central de Mercasa en Madrid, situada en el Paseo de la Habana. Los ladrones, que conocían las medidas de seguridad del edificio, accedieron a un ordenador de la abogada del Estado y entonces secretaria general de Mercasa Macarena Olona, quien preparaba un extenso informe sobre las responsabilidades de la empresa en Angola, para entregarlo al juez De la Mata.

Meses después, en octubre de 2018, el nuevo presidente de Mercasa, el socialista José Ramón Sempere, destituyó a Macarena Olona (hoy diputada de Vox) como secretaria general, 48 horas antes de que compareciera ante el magistrado para entregarle todas las pruebas que había hallado sobre el pago de sobornos.

«Un patrón sistémico» de corrupción

En su informe entregado al juez, Olona explica que todos los presidentes que ha tenido Mercasa desde el año 2000 (tanto en las etapas del PP como del PSOE) conocían el pago de comisiones ilegales, que se enmascaraban con contratos de consultoría o asesoramiento ficticios.

Entre los destinatarios de las comisiones ilegales pagadas por Mercasa en el país africano se encuentran, según el juez, el entonces ministro de Finanzas de Angola José Pedro de Morais, el viceministro de Comercio Manuel Da Cruz Neto, varios asesores y altos funcionarios de ambos Ministerios, miembros del Tribunal de Cuentas de Angola y la Fundación FESA vinculada al presidente José Eduardo dos Santos.

Con pleno conocimiento de los máximos responsables de Mercasa, estos pagos se realizaban a través de tres sociedades (Sonadi, Metab y Soter) del portugués Guilherme Taveira Pinto, quien se encuentra huido de la Justicia tras participar en otro desfalco de 60 millones de euros en la venta de armas de la empresa pública Defex.

«Ocultar la corriente de dinero»

El juez José de la Mata señala que esta forma de actuar de Mercasa «correspondía a un patrón sistémico de funcionamiento, que procedía desde el comienzo de sus actividades internacionales y, en concreto, desde que se constituyó el Consorcio Mercasa Incatema (CMI)».

«Todo el arsenal de contratos suscrito con De Oliveira Taveira Pinto y sus sociedades», afirma el magistrado en su auto del pasado día 25, «no tenían más finalidad que ocultar la corriente de dinero que se transfería a Taveira para pagarlo a autoridades y funcionarios angoleños en concepto de pagos ilícitos».

Y añade lo siguiente: «Todos los cargos directivos que están siendo investigados conocían perfectamente esta estrategia, y contribuían con fruición, como se demuestra en decenas y decenas de indicios (tablas, correos electrónicos, reuniones, conversaciones, documentos, etc.), a preparar, documentar y firmar todos estos contratos; a sustituir unos por otros para ocultar al comisionista [Taveira] cuando resultó estar implicado en prácticas corruptas; a mentir en las explicaciones; a preparar y documentar facturas con conceptos falsos; a inventarse incluso, en algunos casos, documentos e informes para aparentar que los servicios se prestaban (hasta que se les agotaron)».

Políticos y funcionarios de Angola no fueron los únicos destinatarios de estas comisiones ilegales. Los hermanos Pardo de Santayana (propietarios de Incatema, el socio privado del Consorcio) también cobraron a través de Taveira una comisión del 2% sobre el importe de los contratos adjudicados en Angola. En ocasiones, los Pardo de Santayana recibieron estos pagos en una cuenta del Credit Suisse AG de Ginebra (Suiza), que gestionaban a través de la sociedad Protrading AAV, con sede en las Antillas Holandesas.

La Policía halló el justificante de al menos una transferencia de 100.000 euros realizada a esta sociedad desde la empresa Kyandra Ventures LLC, con sede en Albany (EE.UU.). Se trata de la misma empresa que Taveira utilizó para cobrar una comisión de 3 millones de euros, procedente de la trama corrupta de Defex, en una cuenta del Millennium BCP Bank and trust Company Limited en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Por su parte, el ex presidente de Mercasa y del Consorcio Miguel Ramírez recibió de Taveira varios pagos de 23.000 euros en concepto de «asesoramientos varios» entre octubre de 2007 y marzo de 2008, cuando era director de la Fundación Mercamadrid.

El auto dictado por el juez José de la Mata es el paso previo para sentar en el banquillo a 20 personas. Entre ellas, los ex presidentes de Mercasa Miguel Ramírez y Eduardo Ameijide, Álvaro Curiel (que sigue ocupando cargos directivos en Mercamadrid), la abogada del Estado María Jesús Prieto y su marido, Arturo Cortés de la Cruz.

El juez investiga ahora las comisiones ilegales pagadas por Mercasa en Argentina (donde tuvo un especial protagonismo Pablo González), Panamá (donde fue especialmente activo Álvaro Curiel, como ha informado OKDIARIO) y la República Dominicana.