Esteban Torres: «La cooperativa de Podemos sólo ganó el 2% de los casos y aún así les renovaban los contratos»
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Ecuador abre una investigación al ex presidente Correa por pagar 2,6 millones a la cooperativa de Podemos
El abogado y profesor universitario ecuatoriano Esteban Torres es diputado y portavoz parlamentario del Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea Nacional de Ecuador y encabeza la denuncia pública que exige investigar los pagos de su país a la cooperativa de Podemos. OKDIARIO le ha entrevistado en la sede del poder legislativo del país andino para hablar con detalle sobre los pagos de 2,6 millones de euros que el Gobierno de Rafael Correa adjudicó a Kinema, a través de la Embajada de Ecuador en España.
Torres asegura que la cooperativa de Podemos trabajó cuatro años para la Embajada de Ecuador en España a pesar de que sólo ganaba el 2% de los casos de asesoramiento a inmigrantes que se le adjudicaban. Sin embargo, los contratos entre el Gobierno de Rafael Correa y Kinema no sólo perduraban en el tiempo sino que, año tras año, se renovaban y por cantidades más altas.
“Eso es lo que más me sorprende. Yo no estoy en contra de que un país ayude a sus inmigrantes de forma gratuita. Me parece algo lógico porque son situaciones muy duras y delicadas. Pero lo que sí me sorprende es que en esta investigación se ha enviado una especie de auditoría que se hizo del servicio y en la mayoría de los casos no servía para nada. Sólo hay un 2% de éxito. Es decir, se perdían el 98% de los casos”, afirma Torres.
“Y si uno revisa el detalle por meses hay veces que hay un 0% de éxito. ¿Qué es lo normal en la empresa privada? Cuando algo no funciona se cambia. ¿Qué es lo sospechoso aquí? Que con esos rendimientos el contrato persiste durante muchos años y, no sólo eso, se transforma a través de una persona muy sospechosa y se prolonga hasta 2021”, concluye.
Estos pagos estaban respaldados con la existencia de 11 contratos que la Embajada de Ecuador en España adjudicó a dedo -es decir, sin la elaboración de un concurso público en el que varias empresas presentaran ofertas de trabajo- tras la firma de una cláusula de confidencialidad.
“Como una buena noticia. O al menos así lo veo yo. Al menos en Ecuador hemos estado acostumbrados a fiscalizar, a velar que los recursos públicos que se gastan en el territorio se gasten bien pero no habíamos llegado nunca a fiscalizar lo que se gasta fuera, que no es poco dinero. Son diez millones de euros desde el 2012 hasta 2021 para varias estructuras además de Kinema, sí es algo que sorprende”, asegura.
Tal y como figura en ambos contratos hay una cláusula de confidencialidad, denominada Obligaciones, que dice así: “Constituyen principios y normas fundamentales de este contrato, la buena fe y la confidencialidad de su contenido, propósitos y realizaciones. Sin perjuicio de la contratación de los servicios profesionales pertinentes para la realización de este servicio, Kinema no podrá ceder o transferir en ningún caso las obligaciones que derivan de este contrato a ninguna otra persona, natural o jurídica española o de cualquier otra nacionalidad”.
Seguidamente, advierte que si la cooperativa de Podemos decidiera no acatar la orden de no revelar bajo ningún concepto sus vínculos económicos con el Gobierno de Rafael Correa tendría que pagar una multa. “Si Kinema incumpliera esta obligación deberá indemnizar a la Embajada por una cantidad similar al importe total del contrato”, finaliza la cláusula, sin concretar a cuánto ascendería la hipotética sanción.
Las pesquisas de Torres le hacen pensar que lo que ha ocurrido en la Embajada de Ecuador en España ha pasado en otros países: “Más aún cuando no se dio la ayuda esperada a los inmigrantes. Si tenemos una de las comunidades de inmigrantes más grandes en España pero en número similares también las tenemos en Estados Unidos y en Italia estoy sospechando que ha podido pasar lo mismo en otros países. Creo que ha sentado bien porque la gente quiere saber la verdad”.
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