Junqueras recogerá su acta de diputado si el juez lo considera un «motivo importante y comprobado»
Oriol Junqueras sólo podrá salir de prisión para recoger su acta de diputado tras las elecciones del 21 de diciembre si el juez del Tribunal Supremo, PAblo Llarena, considera este hecho un «motivo importante y comprobado».
El magistrado será por tanto el responsable de decidir si el exvicepresidente catalán, encarcelado tras la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, podrá asistir al acto de investidura en el Parlamento de Cataluña. Antes, el propio Junqueras deberá presentar su petición de permiso para salir de la cárcel madrileña de Estremera, donde se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Las fuentes penitenciarias consultadas destacan que a los presos preventivos en espera de juicio, como es el caso de Junqueras, «no se les conceden permisos penitenciarios salvo casos y circunstancias muy excepcionales».
Según el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, los presos tendrán derecho a un permiso para salir de la prisión «en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos, con las medidas de seguridad adecuadas, se concederán permisos de salida, salvo que concurran circunstancias excepcionales».
«Los permisos», añade, «podrán ser concedidos asimismo a internos preventivos con la aprobación, en cada caso, de la autoridad judicial correspondiente». La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es la encargada de conceder los permisos y los reos pueden recurrir al juez de Vigilancia Penitenciaria. No obstante, en este caso al ser presos preventivos y no penados, la decisión la tendrá que tomar el instructor de su causa», es decir, el juez Llarena.
El caso de Junqueras es el mismo del exconseller de Interior, Joaquim Forn, también encarcelado en la misma prisión por los mismos supuestos delitos. Las mismas fuentes consideran «muy improbable» que se les conceda un permiso para ir a recoger su acta de diputados. No obstante, en los años 80 existen precedentes de dirigentes de Herri Batasuna, HB, que estando en prisión preventiva pudieron recoger su acta de diputados.
En las elecciones vascas de 1986, Juan Carlos Yoldi en prisión preventiva por su presunta pertenencia a ETA, fue elegido por HB y llegó a la sesión de investidura en un furgón policial directo desde prisión. Otro caso similar lo protagonizó José Ignacio Pikabea. Detenido en 1979 por su pertenencia a la banda terrorista, se encontraba en la cárcel de Soria de forma preventiva cuando fue elegido diputado y nunca llegó a participar en las sesiones parlamentarias.
En el caso de que Llarena autorizara a Junqueras a acudir a la votación de investidura y la recogida del acta de diputado, el exvicepresidente sería trasladado al Parlamento catalán con las medidas de «seguridad adecuadas», por lo que podría llegar esposado.
Los exconsellers encarcelados en listas
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica, presentó la lista electoral del PdeCat bajo la denominación Junts per Catalunya para los comicios del 21-D en la que se encuentran los exconsellers Clara Ponsatí (nº 3) y Jordi Turull (nº 4), Josep Rull (nº 6) y Joaquim Forn (nº 7). Ponsatí sigue en Bruselas, mientras Turull y Rull abandonaron la prisión hace 10 días. Sólo Forn permanecen encarcelado en Estremera.
Por su parte, ERC también presentaba su lista. Oriol Junqueras y Raül Romeva encabezarán la lista por Barcelona; en Gerona la liderará Dolors Bassa; en Lérida será Meritxell Serret; por último, Carles Mundó y Toni Comín ocuparán los puestos 5 y 7 por Barcelona. Junqueras permanece en prisión, mientras Romeva, Bassa y Mundó eran puestos en libertad. Por su parte, Serret y Comín siguen en Bélgica.
Mientras tanto, la defensa de Junqueras presentaba este lunes ante la Sala de lo Penal del Supremo un recurso de apelación contra la decisión del juez de mantenerlo en prisión preventiva por riesgo de que vuelva a delinquir.
En su escrito, el abogado Andreu Van den Eynde negaba que existiera ese riesgo, ya que el “escenario político actual es el de acatamiento del 155 de la Constitución, el de sometimiento a un proceso electoral y el del cese del gobierno de la Generalitat”, y aseguraba que Junqueras apuesta por una “resolución bilateral de conflictos políticos”.
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