El juez Velasco cita a Granados el 5 de octubre para decidir si continúa en prisión otros 2 años

El juez Eloy Velasco que instruye la trama Púnica ha citado a Francisco Granados el próximo 5 de octubre para decidir si le deja en libertad o prorroga la prisión provisional otros dos años.

La Audiencia Nacional ha rechazado en cuatro ocasiones la libertad del ex dirigente popular, que está a punto de cumplir dos años en la cárcel. Granados permanece en prisión en la cárcel de Estremera, tras ser detenido el pasado 30 de octubre de 2014.

El titular del juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia ha emitido un auto, donde anuncia la citación de Granados. Según fuentes judiciales, el propio Granados tendrá que desplazarse físicamente a la Audiencia y no podrá comparecer por videoconferencia desde prisión.

Los artículos 505 y 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determinan los tiempos máximos de prisión provisional y los mecanismos y plazos de su prórroga. La ley fija un máximo de 2 años de cárcel en los casos en los que el delito suponga una pena superior a los tres años de prisión.

La ley también destaca que, una vez se cumpla ese plazo, el instructor puede acordar «una sóla prórroga de hasta dos años» si persisten el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva que determinaron su encarcelamiento.

La Audiencia rechazó 4 veces su libertad

El pasado 14 de julio, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaba por última y cuarta vez dejar en libertad al ex dirigente del PP madrileño.

En un duro auto, la Audiencia desestimaba la petición de libertad hecha por Granados, que ya había sido rechazada anteriormente por el instructor del caso, Eloy Velasco. El tribunal afirmaba que el ex dirigente popular se valió de sus cargos para crear una “cadena de deleznable de favores” dedicada a obtener “cuantiosos beneficios”, fomentando así “detestables actitudes corruptas”.

La Sala de lo Penal insistía dos años después de su arresto que todavía existía riesgo de que destrucción de pruebas, que influya en testigos o se fugue gracias al “patrimonio oculto”, que sospechan, posee.

La sala añadía que contra Granados hay “graves indicios” de que cometió delitos de integración en organización criminal, fiscales, blanqueo, falsificación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación por su papel en la trama de corrupción Púnica, que conllevan “penas muy elevadas”.

Según los jueces, estos “serios indicios” de criminalidad apuntaban a que Granados “durante muchos años se ha valido de los diversos cargos públicos que ha ostentado en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para crear una cadena deleznable de favores y conductas impropias de un buen gestor público”.