El juez que ha ‘secuestrado’ la Asamblea de Venezuela es un ex presidiario condenado por asesinato

El presidente Nicolás Maduro colocó hace un mes a un asesino convicto y abogado de sicarios al frente del Tribunal Supremo de Venezuela para perpetrar su golpe de Estado contra el Parlamento.

El Tribunal Supremo de Venezuela ha consumado ahora el golpe al asumir las competencias legislativas de la Asamblea para neutralizar a los partidos de la oposición, que obtuvieron una amplia mayoría en las últimas elecciones de diciembre de 2015.

Desde el pasado 24 de febrero, el Supremo está presidido por Maikel José Moreno Pérez, un antiguo miembro de la policía política que cumplió dos años de cárcel por asesinar a una mujer en 1987 en el Estado de Bolívar.

Maikel Moreno fue procesado y condenado por estos hechos en 1989, cuando trabajaba como oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Sin embargo, sólo llegó a permanecer dos años en la cárcel, que pudo abandonar al obtener beneficios penitenciarios antes de completar su condena.

Fue abogado de sicarios chavistas

También fue acusado por el asesinato de Rubén Gil Marquez, en un tiroteo que se produjo en Caracas en 1989. Aunque en este caso no se pudo probar la acusación, fue destituido de su cargo en la policía política, según publicó la prensa venezolana.

Comenzó entonces a trabajar como abogado y fue el encargado de defender a los llamados pistoleros de Puente Llaguno, un grupo de sicarios chavistas que abrieron fuego contra una marcha de opositores en abril de 2002. Cinco años después, en 2007, el Gobierno de Hugo Chávez le nombró agregado comercial de la Embajada de Venezuela en Roma, y más tarde lo destinó como diplomático a Trinidad y Tobago.

Ya como presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno fue el encargo de ratificar la condena de 14 años de prisión para el líder opositor Leopoldo López, por encabezar las protestas contra Maduro en 2014.

Como ha informado OKDIARIO, tras el juicio el fiscal que dirigió la acusación contra Leopoldo López, Franklin Nieves, huyó a Estados Unidos y denunció que el proceso había sido una farsa, en la que se utilizaron pruebas falsas para condenar al líder de la oposición.

Una antigua alumna de Monedero

Condenado por asesinato y antiguo abogado de pistoleros chavistas, Maikel Moreno es el personaje que Nicolás Maduro ha utilizado ahora para secuestrar a la Asamblea de Venezuela y consumar su golpe de Estado. Hasta que Moreno asumió el cargo, el pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo de Venezuela estaba presidido por Gladys María Gutiérrez Alvarado, una ex alumna del fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

Según la legislación venezolana, los candidatos a magistrado del Supremo deben contar con una titulación universitaria equivalente al doctorado en estudios jurídicos. Tal como desveló el diario El Mundo el pasado mes de mayo, Gladys Gutiérrez optó por realizar el doctorado en la Universidad de Zaragoza.

Leyó su doctorado titulado «El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. Dogmática social extensa y nueva geometría del poder» en diciembre de 2011 ante un tribunal formado por cinco profesores. Tres de ellos están vinculados actualmente a Podemos.

Entre ellos, el propio Juan Carlos Monedero, que con anterioridad había trabajado durante cinco años (entre 2005 y 2010) como asesor de Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores.

Podemos no condena el golpe de Estado

También formaban parte del tribunal que otorgó el doctorado a la magistrada chavista dos miembros actuales de Podemos en Aragón: Francisco Palacios Romeo (que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza) y José María Pérez Collados (catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Gerona). Ambos fueron en 2015 candidatos a la dirección de Podemos en Aragón.

Ya como presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, Gladys Gutiérrez formó parte de la Sala que, en abril de 2016, anuló la Ley de Amnistía que había aprobado la Asamblea para poner en libertad a líderes opositores como Leopoldo López.

No es extraño, por tanto, que los dirigentes de Podemos intenten justificar ahora el golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro a través de Maikel Moreno, un ex presidiario y asesino convicto que aplica la Justicia chavista como presidente del Tribunal Supremo.

En una entrevista emitida el pasado 2 de marzo, la nueva portavoz de Podemos, Irene Montero, se negó una y otra vez a calificar a Leopoldo López como un «preso político». Montero eludió hasta en tres ocasiones la pregunta del periodista de Onda Cero Carlos Alsina y desvió la conversación haciendo chistes siniestros sobre «Cubazuela del Norte». En cambio, varios dirigentes de Podemos no han tenido ningún empacho en calificar como «preso político» a Arnaldo Otegi, quien cumplió condena como dirigente de la banda terrorista ETA.