Imputan al constructor acusado de pagar comisiones al presidente de la Diputación de Lérida

El juzgado de Instrucción número 3 de Balaguer ha citado a declarar como imputado al presidente de la constructora M y J Grúas, José María Grúas Estadella, quien está acusado de pagar sobornos al presidente de la Diputación de Lérida, el convergente Joan Reñé i Huguet.

La constructora figura además en el listado de donantes a la Fundación CatDem: en tres años inyectó 55.000 euros a la fundación vinculada a Convergència. La Fiscalía Anticorrupción investiga si estas «donaciones» eran en realidad una forma de encubrir el pago de comisiones ilegales al partido de Artur Mas a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

José María Grúas prestará declaración ante el juez el lunes día 29 en el Juzgado de Balaguer, mientras que el director financiero de M y J Grúas lo hará dos días después, también como imputado.

El constructor ha sido denunciado por un accionista minoritario de la compañía por apropiación indebida y delito societario. Según un informe económico incorporado a la denuncia, en dos años el empresario catalán ha desviado 370.800 euros de los fondos de la compañía a sus cuentas personales, además de falsear la contabilidad de la empresa para ocultar un agujero de más de 4 millones.

Una red de facturas falsas para ocultar los pagos

Siempre según este informe, a lo largo de 2013 José María Grúas realizó transferencias de los fondos de la constructora a su propia cuenta corriente por importe de 130.704 euros y desvió otros 5.500 euros a la cuenta de su esposa.

Además, pagó gastos personales con la tarjeta VISA de la empresa por importe de 26.895 euros, retiró en efectivo otros 42.000 euros de las cuentas y cargó a la constructora incluso el pago de su propia declaración de IRPF (1.433 euros). De este modo, tan solo en 2013 desvío para usos personales más de 207.000 euros de los accionistas.

A todo ello se suma un artificio contable que presuntamente habría servido para desviar fondos destinados al pago de comisiones al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé, a cambio de la adjudicación de un contrato de 22,5 millones de euros para explotar seis depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell durante 15 años.

En tan sólo tres años (entre 2012 y 2014), M y J Grúas y otra constructora leridana, Serboniu, intercambiaron facturas falsas por un importe que suma 852.000 euros. En muchos casos, ambas empresas se giraban mutuamente facturas por el mismo concepto y por idéntico informe.

Reconocieron las ‘mordidas’ en un acta notarial

En otros casos, se trataba de facturas emitidas por conceptos referidos a obras inexistentes, o bien facturas falsas que carecían de contrato, de albarán y de la firma preceptiva de los técnicos que debían autorizarlas, siempre según el informe pericial que han solicitado los socios de la compañía.

Este mecanismo habría servido para dar cobertura a las salidas de dinero en efectivo de la empresa, que realmente se habrían destinado a pagar comisiones al presidente de la Diputación, Joan Reñé. La otra constructora implicada en la emisión de facturas falsas, Serboniu, también ha recibido numerosos contratos de obra pública de la Diputación y del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, durante su etapa presidida por Reñé i Huguet.

Como ha informado OKDIARIO, durante la Junta General de M y J Grúas celebrada el 14 de noviembre de 2014, un representante legal de los accionistas minoritarios pidió explicaciones sobre “cuáles son las acciones legales previstas» contra José María Grúas Estadella y contra Joan Reñé «por los pagos en efectivo realizados como consecuencia de la adjudicación de la concesión de las depuradoras del Pla d’Urgell”.

Pese a ser advertido de que estos abonos podían constituir un delito de cohecho, el asesor jurídico de la compañía respondió que los «pagos en efectivo» realizados al presidente de la Diputación «son conocidos por todos los miembros del Consejo», tal como quedó recogido en un acta notarial. Joan Reñé i Huguet ha negado en varias ocasiones haber cobrado dichas mordidas a cambio de adjudicar contratos públicos.